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La Generalitat ha indemnizado a cuatro manifestantes heridos por los Mossos d'Esquadra durante las protestas contra la orden de desalojo del centro social okupado Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona, en mayo de 2014.

Las indemnizaciones suman 7.500 euros entre los cuatro manifestantes y la aseguradora de la Generalitat ya se ha puesto en contacto con los afectados para hacer el pago, han explicado este viernes a Europa Press fuentes jurídicas.

Por estas actuaciones policiales hubo dos causas judiciales (por cargas en dos días distintos) y en las dos los agentes fueron absueltos al no poderse concretar cuál de ellos dio los golpeos que causaron las lesiones, aunque las sentencias sí reconocieron que los manifestantes merecían una indemnización.

A raíz de este reconocimiento, los manifestantes representados por el colectivo de abogados Alerta Solidària abrieron un procedimiento de reclamación patrimonial en 2019, que llega a su fin ahora con el pago de las indemnizaciones.

Porrazos en la cabeza

En un comunicado, Alerta Solidària, Can Vies y la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes han recordado que en la segunda noche de protestas por Can Vies unos 10 antidisturbios de los Mossos entraron a un portal donde se habían metido manifestantes que huían de las cargas y «golpearon directo a los brazos y a las cabezas haciendo que la gente saliera como pudiera de esa trampa», algunos con la cabeza ensangrentada.

Esa noche fueron heridos dos de los manifestantes ahora indemnizados: Miquel, que necesitó cuatro puntos en la oreja por un porrazo en la cabeza, y Joan, que por el mismo motivo necesitó cinco grapas de sutura en la cabeza.

La noche siguiente, los antidisturbios rodearon y golpearon a cuatro chicos, de los que dos reciben ahora indeminzación: Joan, con la nariz rota, y Albert, con siete grapas en la cabeza.

La generalitat acusó a manifestantes

Han recordado que todos presentaron denuncia y cree que los agentes fueron absuelto porque «se cubrieron entre ellos para no identificar a los autores de esas salvajadas», y ha recordado que en la segunda causa la Generalitat fue acusación y pidió siete y nueve años de cárcel para los manifestantes.

También han criticado que las indemnizaciones llegan tras «diez años de impunidad y de máxima lentitud hasta que los trámites administrativos han llegado a su límite», y han añadido que la cantidad no satisface el perjuicio que sufrieron los manifestantes por los golpes ni los tratamientos médicos y secuelas que les dejaron.