«El drama de la vivienda en Baleares precisa de una 'excepción insular'»

Podemos plantea limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros en Baleares y Canarias. Sánchez acuñó el término ‘excepción ibérica’, ¿es necesaria una excepción insular para la vivienda?
— Efectivamente. Una de las cosas que ha demostrado la intervención del mercado de la energía es que se puede hacer intervención en servicios económicos de interés público y eso es bueno para garantizar derechos. Cuando propusimos el tope al gas nos dijeron que no se podía hacer y después se ha revelado como la manera más eficaz de controlar el precio. Queremos hacer lo mismo en materia de vivienda. El mercado desregulado no ha introducido normas que pongan coto a los fondos y grandes propietarios y por eso hay un alza de precios artificial muy fuerte especialmente en lugares como Baleares o Canarias. Los datos son alarmantes. Más del 40 % de las viviendas que se venden en Baleares son para no residentes y eso significa que las viviendas no se están utilizando para vivir, que es para lo que son. Nos parece razonable que se limite la compra de viviendas. Pensamos que tiene que haber una intervención masiva en el mercado con medidas de alto impacto para que bajen los precios. También es necesario que la presidenta Prohens regule el precio de los alquileres en todas las Islas. Que deje de estar en rebeldía contra la legislación española y que cumpla la ley.

¿Tiene encaje jurídico? ¿No tendremos sorpresas? La Constitución española y la justicia Europea reconocen el derecho a no ser discriminados por origen.
— Hemos demostrado esta pasada legislatura que cuando se quiere se puede y tenemos informes solventes que avalan la medida por el impacto en la masificación. Ahora estamos ante una elecciones europeas y es el momento de decidir si queremos una Europa de la especulación en la que los fondos campen a sus anchas.

¿No sería más lógico limitar la compra de segundas residencias con independencia de la nacionalidad de origen?
— No tiene que ver con la nacionalidad. Tiene que ver con la posibilidad de que una persona vaya a residir o no en la vivienda. Todo forma parte de un paquete de medidas más amplio como la congelación de los precios del alquiler que el gobierno de Sánchez podría aprobar mañana mismo. También ampliar el parque público de vivienda. Si la mitad de las viviendas de los grandes propietarios se destinara a crear un parque de vivienda pública a precio tasado los precios bajarían. La situación es dramática, con gente viviendo en caravanas.

La Ley estatal de vivienda que impulsaron junto a sus socios de gobierno prometía atajar la especulación inmobiliaria, pero los alquileres son más altos que nunca. ¿Qué está fallando?
— Que el PP, la derecha, no la quiere aplicar. Prohens está en rebeldía y así es imposible. En Cataluña ha funcionado. Hace falta un debate profundo. ¿De qué lado te colocas, del que paga el alquiler o de quien hace el negocio? Esa decisión tampoco el PSOE la ha tomado. Hemos escuchado a la ministra decir que se podrá hacer negocio con el alquiler social.

Habla de que Prohens está en rebeldía, pero lo cierto es que la ley estatal dejó la decisión de limitar los alquileres en manos de las autonomías...
— Es cierto que deja la elección de limitar los precios del alquiler, pero establece los criterios a cumplir para que una zona sea declarada mercado tensionado y es evidente que Palma cumple esos requisitos. La gente destina mucho más que el 30 % de sus ingresos al alquiler. Eso es estar en rebeldía: Tener una herramienta legislativa que no quieren aplicar.

¿Se quedaron cortos?¿Tendrían que haber establecido un límite de precios directo?
— No. Es cierto que la ley estatal de vivienda podría haber sido más ambiciosa, pero no podemos olvidar que este es un país plurinacional con competencias en manos de la comunidades autónomas. Lo que creo es que tendríamos que haber aprobado la ley en el primer año dando posibilidades a los gobiernos progresistas de aplicarla. Con el tiempo se verá que funciona. Se reserva por ejemplo por ley el 40 % de todas las promociones en España para viviendas sociales.

En Baleares hace décadas que hay reservado con ese fin un 10 % de las promociones, pero el parque público de vivienda se ha acabado vendiendo.
— La ley estatal de vivienda recupera la protección integral de la vivienda protegida para que no se vuelva a despilfarrar.

¿Falta regulación estatal en materia de turismo vacacional? ¿Cómo abordan otros países el fenómeno?
— Es un fenómeno global y es muy importante que ese debate se tenga también a nivel europeo. Hay que pensar qué modelo queremos, si el que precariza la vida de las personas o no. He tenido la oportunidad de reunirme con con el GOB y con otros miembros de la sociedad civil que hace tiempo que han abierto ese debate. Ha habido una concienciación. La derecha ha tenido que aceptar que el turismo tiene que tener límites, pero aún falta avanzar. No basta con la moratoria de pisos turísticos. Vamos avanzando. Ya no estamos en el debate de que hay que permitírselo todo al turismo.

No estoy tan segura. Sigue habiendo ciudadanos que defienden poder hacer negocio turístico con viviendas de su propiedad.
— Creo que los datos nos demuestran que en realidad el negocio del alquiler vacacional está más en manos de propietarios que lo que los grandes medios nos han querido contar. Un reciente informe de Hydra en Barcelona demuestra hasta qué punto quienes recurren al alquiler turístico forman parte del sector más privilegiado de la sociedad. Los que complementan su sueldo con el alquiler turístico son parte de una minoría. Ese es un discurso interesado que han hecho los grandes medios y también el propio PSOE para tapar la especulación. Sabemos que hay fondos que controlan viviendas que mantienen vacías para subir artificialmente los precios.

Repetimos como un mantra que ‘Falta vivienda’. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Falta vivienda o faltan precios asequibles? ¿Se ha pervertido el debate? En un territorio limitado como Baleares, gobiernos de ‘izquierdas’ y de ‘derechas’ suelen recurrir al comodín del suelo rústico...
— España tiene un problema de viviendas vacías y controladas por grandes propietarios y por el papel que juegan las inmobiliarias para hinchar artificialmente los precios. La propia inmobiliaria sugiere que subas el alquiler. Por eso necesitamos intervención pública. Si invertimos en rehabilitación al servicio del alquiler social el precio bajará.

Mallorca se está convirtiendo en Nomaland hasta el punto de que Palma quiere prohibir las caravanas. ¿Qué opina al respecto?
— Es intentar tapar la fiebre con Paracetamol. Tapar el síntoma cuando no es el problema. El problema es por qué tienen que vivir allí. Es muy alarmante que en Baleares falten funcionarios (que tradicionalmente consideramos que tienen empleos estables y bien remunerados). Ni siquiera ellos pueden permitirse el alquiler. La desigualdad ha llegado a niveles desconocidos. No valen retoques ni maquillaje. Menos aún lo que hace Prohens bajando impuestos o haciendo una amnistía a las construcciones ilegales. ‘Haz lo que quieras que yo ya te lo apañaré...’ Ese es un mensaje terrible. Es la presidenta comercial de los especuladores. Si el Govern balear no está dispuesto a limitar los precios tendría que hacerlo el Gobierno central.

¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?
— Hasta que Podemos no llegó a los gobiernos muchas cosas estaban pactadas en el bipartidismo y el de la vivienda ha sido uno de sus grandes consensos desde que un ministro franquista dijo que había que pasar de ser un país de proletarios a ser un país de propietarios. Hemos tenido que llegar nosotros para que eso empiece a cambiar y no se cambia de un día para otro. Sin Podemos en el Estado (después de que se nos sacaran) este Gobierno no ha tomado medidas significativas en materia de vivienda. Quien impulsaba los cambios era Podemos. Es necesaria una izquierda verdaderamente transformadora que cambie las cosas, que no acepte esas reglas de juego. La regulación de precios es hoy ley en España. Es algo que me dijeron muchas veces que nunca iba a pasar. Sabemos el altísimo coste que implica decir lo que nadie se atreve a decir, Irene lo sabe. No avanza tanto y tan rápido como nos gustaría, pero avanzamos.

¿Qué opina de modalidades como el ‘coliving’ o el ‘cohousing’?
— Eso es un discurso para hacer pasar por algo moderno la precariedad de toda la vida.