Archivo - El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN - Archivo

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El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha lamentado que el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, relegue a los aragoneses a ser «ciudadanos de segunda» al negarse a asistir a la Comisión Bilateral con el Gobierno central para abordar la derogación de la ley de Memoria Democrática.

Beltrán ha recordado que Azcón «repite mucho» que los aragoneses «no queremos ser ciudadanos de segunda», sin embargo, un presidente autonómico «que se niega a hablar con el Gobierno Central no actúa por el interés de todos los ciudadanos, sino que sirve exclusivamente a los intereses de su socio de gobierno --en referencia a VOX--».

«Nos relega a ser ciudadanos de segunda, porque la ley de Memoria Democrática no perjudicaba a ningún aragonés, pero su derogación sí», ha expresado el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. La revocación de esta norma fue aprobada por las Cortes de Aragón en febrero de 2024.

Asimismo, ha reproducido las palabras pronunciadas por Jorge Azcón en su discurso con motivo del Día de Aragón: «El camino mostrado por Aragón, el de la palabra dada, el respecto a la ley y el cumplimiento de los acuerdos, es el único que merece la pena ser transitado». En este punto, le ha emplazado a «cumplir con un importante acuerdo».

Ha precisado que la Comisión Bilateral se rige por una norma de funcionamiento firmada por ambas partes y establece la obligación de reunirse cuando lo solicita una de las partes. «El Gobierno hay que ejercerlo con seriedad, presidente», ha finalizado.

El Gobierno de Aragón trasladó este jueves de forma oficial, a través de una carta dirigida al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que no participará en la Comisión Bilateral Aragón-Estado solicitada por el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, ratificándose en la «plena constitucionalidad» de la derogación de la ley.

Por tanto, el siguiente paso es, tal y como anunció el ministro Torres, es recurrir la derogación ante el Tribunal Constitucional, al no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo aragonés.