El Govern de Marga Prohens promueve la legalización de las edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones ya hayan prescrito. Para ello exigirá a promotores y propietarios el pago de sanciones y multas cuya cuantía se determinará en función del volumen y superficie que hayan construido. Cada caso será objeto de un expediente concreto y no habrá generalizaciones. Es la misma filosofía del ‘decreto Company’, que fue aprobado durante el Govern 2011-2015 al ser impulsado por el entonces conseller de Agricultura, Medi Ambient i Territori. Esta medida formará parte del decreto de simplificación administrativa anunciado por la presidenta Prohens, cuya redacción coordina ahora el vicepresidente Antoni Costa para agilizar trámites y conseguir una gestión administrativa más eficaz con menos papeleo y burocracia. El decreto, que constituye un compromiso político del Govern del PP para este mandato, incluirá medidas de naturaleza administrativa y también urbanísticas, entre ellas, la posible externalización de las licencias urbanísticas.
Obras ilegales en rústico cuyas infracciones ya han prescrito
Palma20/03/24 0:30
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