El Govern autoriza a los ayuntamientos a gestionar también las licencias de taxi temporalesUltima Hora Ibiza

Los ayuntamientos de Eivissa podrán conceder licencias estacionales de taxi en el ámbito municipal con el objetivo de combatir la oferta ilegal dentro de este sector que se produce, especialmente en temporada alta.

Así lo ha acordado el Consell de Govern con la aprobación de un decreto ley sobre medidas orientadas a la prevención de esta actividad ilegal en materia de transportes en Ibiza, con el que se pretende que los ayuntamientos dispongan de mayor flexibilidad a la hora de regular el sector del taxi.

El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha explicado que el nuevo decreto ley autorizará a los ayuntamientos a extender las autorizaciones estacionales temporales necesarias, puesto que el Consell d'Eivissa continúa siendo la administración competente en la concesión de licencias interurbanas.

El decreto ley no marca ningún límite de licencias ni el tiempo de vigencia, que determinará la administración municipal en función de las necesidades de cada población.

Desde el Govern han subrayado que Eivissa es la isla en la que más se acentúa el desequilibrio entre la temporada baja y la alta dentro del sector del taxi, lo cual hace que aflore una oferta ilegal en los meses de verano.

En este sentido, han precisado que los problemas fundamentales se concentran en los puertos y aeropuertos, si bien también se dan en los centros de ocio nocturno, especialmente en las discotecas diseminadas por toda la isla.

A partir del año 2005 se autorizó al Consell d'Eivissa para aprobar licencias de taxi estacionales como primer paso para poder contener el problema que se produce al darse una demanda enorme en verano y escasa en invierno. En el último plan vigente de 2010-2011, el Consell autorizó 96 licencias estacionales para un periodo de vigencia de dos años.

De éstas, 36 fueron autorizadas en el municipio de Vila, 34 en Sant Antoni y 26 en Sant Josep. No obstante, el Govern ha señalado que con el paso del tiempo han aparecido varios problemas en el funcionamiento de estas autorizaciones, al tiempo que ha apuntado que el mejor criterio para atacar la oferta ilegal «lo tiene cada uno de los municipios» por «la mayor proximidad al problema».