La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por apropiación indebida de 4,4 millones en MarsansUltima Hora Ibiza

La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente de la CEOE  Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por un presunto  delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,4 millones  de euros procedentes de los clientes del grupo Marsans, según el auto  dictado por el juez Santiago Pedraz. 

El juez imputa también por el mismo delito al último director  general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la  sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en  quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y  que también ha comprado Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.  

El primero en declarar como imputado por esta causa será Pascual,  que está citado para el próximo 21 de febrero. Al día siguiente  acudirá Díaz Ferrán, y el 23 está citado a comparecer Losada, quien  también está citado a declarar el próximo 28 de febrero por el 'caso  Nueva Rumasa'. El juez identifica a 4.706 perjudicados por los  presuntos delitos.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia  Nacional admite así a trámite la querella presentada por la Fiscalía  de la Audiencia Nacional, al considerar que existen indicios de que  «los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente  de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de  billetes», un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal.

El fiscal concluye que los clientes perjudicados por Viajes  Marsans y de sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol  perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes  cancelados, por lo que pide investigar el destino de dichas  cantidades.

OPERATIVA DE MARSANS.

Así, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo  Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de  clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se «destinaron a  fines ajenos a la actividad del grupo», según la querella.

A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans  comenzaron a exigirles que los pagos se realizaran durante los 30  días anteriores al inicio de los viajes. El 20 de abril de 2010 la  Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la  licencia para vender billetes de avión por impagos.

Según el fiscal, el día antes (19 de abril) los directivos de la  empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que  depostiran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad  Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los  que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron  mediante cheques al portador.

Entre el 9 de junio de 2010 -el día antes de la presentación del  concurso de acreedores- y el 30 de junio se libraron 13 cheques por  valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, que habría ido  destinados a cuentas de Díaz Ferrán y Pascual. 

El 18 de junio, se libraron cinco cheques por valor de 500.000  euros a favor de Viajes Marsans, controlada ya por Posibilitum  Business a través de la sociedad Teinver, de la que Losada es  administrador único.

Pedraz también ha citado a declarar como testigos, el próximo 8 de  marzo, al exsubdirector general corporativo de Viajes Marsans Vicente  Muñoz Pérez y a la antigua responsable de auditoría interna de la  empresa Rosario Gil López. 

El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de  Madrid decretó el concurso de acreedores del grupo Marsans, que  actualmente se encuentra en fase de liquidación y tiene previsto  dictar sobre la culpabilidad concursal de todos ellos el próximo mes.  La empresa turística solo tiene dinero para cubrir los gastos  generados por el proceso concursal. 

Viajes Marsans quebró dejando un déficit patrimonial de 271  millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales),  ya que cuenta con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de  281 millones de euros. Cuenta con 11.409 acreedores. 

En enero de 2009, Pedraz ya archivó una querella presentada por  nueve asociaciones de consumidores contra Díaz Ferrán y Pascual por  vender billetes de Air Comet cuando ya conocían que la aerolínea  estaba en situación de insolvencia.