Bauzá rectifica y dice que no derogará la Ley de Normalización LingüisticaUltima Hora Mallorca

El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ha dado marcha atrás en sus declaraciones de esta mañana durante una rueda de prensa antes de la celebración de la Junta Insular de Eivissa. El aluvión de críticas vertidas sobre sus intenciones ha obligado a Bauzá a matizar que no pretende eliminar la Ley de Normalización Lingüística de Balears de llegar a la presidencia del Govern, si no sólo suprimir el Decreto de Decreto de Mínimos de Enseñanza en Lengua Catalana.

"Cuando he hablado de derogación, me quería referir a la derogación del Decreto de Mínimos y a la modificación posterior de cualquier normativa que pudiese implicar un desequilibrio por motivos lingüísticos en el acceso a los puestos de trabajo de la Administración", ha indicado el presidente regional.

Bauzá, que ha recordado que éste fue uno de sus compromisos cuando fue elegido presidente en el último Congreso Regional del Partido Popular, ha añadido que las lenguas no deben ser utilizadas como armas arrojadizas" y ha resumido su posición con un contundente "sí a la libertad y no cualquier tipo de imposiciones".

Promover las modalidades lingüisticas de las islas

La polémica se ha desatado esta mañana, cuando Bauzá ha anunciado que si preside el Gobierno autonómico «eliminará» la Ley de Normalización Lingüística de Baleares que potencia el uso del catalán, y promoverá el castellano y las modalidades lingüísticas de las islas: mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense.

El PP quiere que la «lengua vehicular» en las escuelas no sea el catalán, tal y como ordena esta ley, sino el castellano o una de las referidas modalidades lingüísticas. Además, los padres elegirán la lengua en la que quieren que sean educados sus hijos, ha manifestado Bauzá.

En una entrevista concedida hoy a Ona Mallorca y recogida por Efe, el líder de los populares ha aseverado que «sin ninguna duda eliminará» esta ley aprobada en 1986 por todos los partidos políticos, también el PP, en el Parlament balear cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Ejecutivo Autonómico.

«Lo que nosotros hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros padres son una serie de palabras absolutamente propias que determinan nuestra riqueza cultural y no estoy dispuesto a que desde fuera, desde Cataluña, se nos impongan», ha aseverado Bauzá en el programa «Mallorca Matí».

El presidente del PP balear ha añadido: «Yo respeto a todas las personas y a todas las regiones; pero creo que al igual que nosotros les respetamos, nos deben respetar».

La Ley 3/1986 de 19 de abril desarrolla el Estatuto de Autonomía en lo que respecta a la normalización de la lengua catalana como propia de las Islas Baleares en todos los ámbitos, y garantiza el uso del catalán y del castellano como idiomas oficiales de Baleares.

Entre sus objetivos se encuentran el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativo, asegurar su conocimiento como «lengua vehicular» en el ámbito de la enseñanza, fomentar su uso en todos los medios de comunicación social y crear conciencia social acerca de su importancia y uso por parte de todos los ciudadanos.

En un mitin celebrado en septiembre pasado en Palma al que asistió el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, el líder de los populares en las islas prometió que si gobierna garantizará que los padres puedan elegir «la lengua vehicular» de la educación de sus hijos, que no será el catalán como ahora ocurre, sino el castellano o el «mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense».

La postura del PP, tal y como ha señalado su presidente en varias ocasiones, es «defender el bilingüismo como expresión de la realidad social de las islas», y fomentar el uso de las modalidades lingüísticas de cada territorio insular.

El PP balear presentó sin éxito el año pasado una enmienda a la totalidad al plan de normalización lingüística que el Gobierno autonómico presidido por el PSOE aprobó en el Consejo Social de la Lengua Catalana.

Los populares entendían que el borrador del documento «atentaba» contra los derechos fundamentales de las personas al imponer como requerimiento el empleo del catalán incluso en los ámbitos privados, y al supeditar la concesión de subvenciones a entidades en base al uso obligatorio de la lengua.

Según denunció Bauzá entonces, el texto «evidencia la voluntad de imposición de la lengua catalana» en ámbitos como el judicial, la educación, las relaciones laborales, los medios de comunicación, los deportivos o la Iglesia.

El PP, según diversos sondeos, tiene posibilidades de volver a gobernar con mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas de mayo del próximo año.