El PP acusa a la oposición de causar «agitación social» en torno al catalánUltima Hora Mallorca

El diputado del PP Fernando Rubio ha acusado hoy a los partidos de la oposición de ser los responsables de la «agitación social» que ha surgido en torno al anteproyecto de Ley de Función Pública del Govern que cambia el catalán de requisito a mérito para el acceso a un empleo en la administración autonómica.

La acusación de Rubio se ha producido durante el debate de una proposición no de ley del grupo socialista para instar al Govern a mantener la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a un trabajo en la administración, que ha sido rechazada con 9 votos en contra del PP y 5 a favor de los diputados del PSIB y el PSM-IV-ExM y Més per Menorca.

Rubio ha defendido el cambio normativo que propone el Govern por considerar que contribuye a que el catalán sea una lengua «más estimada» y a que su aprendizaje «no sea considerado una carga sino un estímulo, un premio y un incentivo» al no ser impuesto.

«Ustedes, los miembros de la oposición, son los responsables de que se esté produciendo esta agitación social», ha dicho Rubio, que ha defendido que el PP incluía este cambio normativo en su programa electoral «de forma explícita» y obtuvo el respaldo mayoritario del electorado, por lo que no ha engañado a nadie con su actuación.

«Otra cosa es que ustedes tergiversen estas modificaciones diciendo que el Partido Popular se carga la lengua catalana. Evidentemente si ustedes agitan a la población de esta manera, habrá una contestación, pero son ustedes los responsables de esta agitación y no el PP», ha afirmado Rubio.

Ha defendido que la implantación del catalán hoy en día no tiene nada que ver con la que había en los años 80 ya que en la actualidad se aprende de forma habitual y la mayoría de las personas que acceden a la función pública son de Baleares y «tienen claramente acreditado su conocimiento del catalán».

Mejores profesionales

Según Rubio, si solo se reclama la acreditación de una lengua, el catalán, «se está discriminando», y si no se considera requisito sino mérito, favorecerá la llegada de «los mejores profesionales» desde fuera de las islas, que posteriormente aprenderán la lengua.

El diputado socialista Cosme Bonet ha acusado al PP de poner el derecho de acceso a la función pública por delante del derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua propia, de forma que «están creando una discriminación».

Bonet ha recordado además que tanto la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias como varias normativas de derecho internacional defienden este tipo de idiomas para garantizar los derechos de los ciudadanos que los usan.

El socialista ha insistido en que la legislación dice que el ciudadano debe poder elegir la lengua en la que se le atiende «en perfecta igualdad de condiciones». «Lo que creo que pasa es que son un Govern ideologizado y decidido a romper consensos», ha concluido.

La comisión ha rechazado también otra proposición no de ley socialista para recuperar el anterior proyecto de ley de función pública «consensuado por todos los grupos», para adaptarlo al Estatuto Básico del Empleado Público.

La socialista Lourdes Aguiló ha criticado que el Govern no haya partido de este texto legislativo tramitado en la pasada legislativa y haya elaborado un proyecto nuevo que «genera inseguridad jurídica».

El diputado del PP Francisco Mercadal ha negado que aquel texto tuviera consenso, ha recordado que el grupo popular presentó una enmienda a la totalidad contra el mismo y ha acusado al grupo socialista de «no haber digerido la derrota electoral» en las elecciones autonómicas.