Fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para cinco imputados en el 'caso Peaje'Ultima Hora Mallorca

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José,  requerirá una fianza de responsabilidad civil que asciende a un total  de 600.000 euros al exingeniero jefe de Carreteras, Francisco  Orejudo, y a otros cuatro imputados del caso Peaje, que investiga un  presunto desvío de 23 millones de euros públicos durante la ejecución  del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta  utilización a nivel particular de materiales destinados a estos  trabajos.

Mediante una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press,  la magistrada emplaza a los cinco encausados a que comparezcan el 23  de febrero ante el Juzgado para solicitarles el pago de la caución,  después de que el auto por el que había sido decretada haya adquirido  firmeza.

En concreto, la fianza, acordada a petición de Fiscalía -que  solicitaba un millón de euros-, ha sido impuesta a la compañera  sentimental de Orejudo, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y  Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó  del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro, quienes  deberán hacer frente de forma conjunta a esta cantidad a fin de  garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de  su presunta implicación en los hechos investigados.

Para ello, dispondrán -desde el día que se les notifique- de un  plazo de 24 horas y, en caso de que no puedan abonar la fianza en  este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes  hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan  quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal y como apuntaba la jueza en su auto, estos cinco inculpados  alcanzaron un «acuerdo» de cara a levantar con fondos públicos una  vivienda unifamiliar aislada sobre un terreno propiedad de Florit en  Búger, a pesar de que los encausados defienden que se trata de un  templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang -a la que  pertenecen-, construido gracias a las donaciones de los socios de  esta entidad de filosofía china, cuyo importe ascendería a 300.000  euros.

Sin embargo, la magistrada se ampara en un peritaje que cifra el  valor de la edificación en 699.087 euros, lo que hace «no creíbles»  sus alegaciones, sobre todo «si se atiende a que las supuestas  donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico,  han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista  rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los  correspondientes extractos».

Otro informe eleva el valor de la edificación a 300.000 euros

Por el contrario, un informe posterior elaborado por un aparejador  de la Universitat de les Illes Balears (UIB) concluía que el valor de  la edificación asciende a unos 300.000 euros, tal y como consta en la  valoración que aportó a la causa la defensa de Orejudo, ejercida por  Gabriel Garcías, y que arrojaba sus conclusiones en base a las  mediciones realizadas sobre los materiales empleados, las  dependencias del edificio, su extensión, la cimentación y el tamaño  de las paredes y los muros.

Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la denuncia que  interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell  de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del  supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido  sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto,  que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las  empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN,  Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido  en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación,  cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de  los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el  desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la  adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y  fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la  UTE.