Las constructoras reclaman deudas por valor de 156,8 millones a las administraciones públicasUltima Hora Mallorca

Las administraciones públicas central y de Balears adeudan un total de 156.761.000 euros a 32 empresas constructoras por obras públicas terminadas o en ejecución, según informan fuentes del sector.

En concreto, estos impagos se dividen entre el Gobierno central (1.223.000 euros), el Ejecutivo autonómico (81.401.000 euros), empresas públicas (1.256.000 euros), consells insulars (22.982.000 euros) y ayuntamientos (49.898.000 euros).

Las constructoras indican que este volumen de deuda, que no abarca a la totalidad del sector, está generando graves problemas de liquidez y de tesorería a nivel empresarial, circunstancia que ya ha provocado cierres y la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) temporales por parte de algunas de las empresas más importantes del sector, como es sabido.

Fuentes empresariales señalan que esta situación es aún más grave debido a la negativa de bancos y cajas de ahorros a financiar estas deudas o, en su caso, de exigir condiciones draconianas en las refinanciaciones, lo que en muchos casos pone en entredicho la viabilidad de las empresas afectadas.

Financiación

Fuentes del sector afirman que las entidades financieras aplican a los constructores la misma política que a los promotores inmobiliarios, hasta el punto de negarse de forma sistemática a adelantar pagos por obras recepcionadas y certificadas por parte de las administraciones públicas en las Islas.

Las empresas señalan en este sentido que los problemas de tesorería que afectan la administración pública, que ahora son acuciantes en el Govern y tradicionales en los ayuntamientos, son notorias para las entidades financieras, «que han cerrado el grifo del crédito».

El sector considera que la equiparación de promotores y constructores por parte de bancos y cajas de ahorros es «injusta», dado que los primeros solicitan crédito para financiar nuevos proyectos inmobiliarios, mientras que los constructores piden que se les adelante el pago de obras públicas ya ejecutadas.

Las constructoras de Balears resaltan que los retrasos en los pagos son constantes por parte del Govern e indican que se han agravado en el caso de los ayuntamientos.

Las empresas informan que la deuda del Ajuntament de Palma con las constructoras supera los 10 millones de euros, sin tener en cuenta los impagos del Palacio de Congresos, y resaltan al mismo tiempo que ayuntamientos «mucho más pequeños» acumulan deudas «muy importantes» que se «eternizan» en el tiempo.

Las mismas fuentes indican que existen impagos derivados de obras ejecutadas cuatro y cinco años atrás, aunque el grueso de la deuda corresponde a obras más recientes.

Las empresas asocian de forma directa la existencia de estos impagos de las administraciones a los elevados volúmenes de desempleo que existen en el sector.