Vic mantiene su propuesta de no empadronar a los inmigrantes 'sin papeles'Ultima Hora Mallorca

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), anunció ayer que el ayuntamiento pedirá otro informe externo para decidir si aplica la nueva normativa sobre empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal, que apoyan CiU, PSC y ERC, y que se volverá a debatir en el pleno del 4 de febrero.
Los grupos de CiU, PSC y ERC, que integran el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, expresaron ayer su apoyo a esta nueva normativa, avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
A pesar de ello, el alcalde manifestó que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta.
El Ayuntamiento de Vic celebró ayer un pleno ordinario, en el que en principio no se iba a debatir esta polémica medida, pero finalmente se acabó discutiendo en el turno de ruegos y preguntas, donde los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) mostraron su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición, y la CUP e ICV se manifestaron en contra.
Oposición
El grupo de ICV había presentado una moción para «garantizar el derecho al empadronamiento y la convivencia en Vic» que debía debatirse en el pleno de ayer, sin embargo decidió retirar temporalmente la moción después de que el alcalde aceptara debatirla en el próximo pleno, previsto para el mes de febrero. Vila d'Abadal manifestó que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. El alcalde destacó que la voluntad del equipo de gobierno es que «la inmigración no sea una cosa negativa sino positiva» para el municipio».
Plataforma per Catalunya apoya esta medida, pero la considera insuficiente, tal y como destacó su concejal Josep Anglada, que consideró que los inmigrantes ilegales «no aportan nada bueno al país y sólo suponen gasto social, delincuencia y economía sumergida».
El grupo municipal de la CUP considera que la medida «es poco ética, insolidaria, electoralista», mientras que ICV ha pedido su retirada.