Grupos de izquierda se desmarcan del decreto que permite urbanizaciones sin alcantarillado Ultima Hora Mallorca

El colectivo de regidores eco socialistas Diògenes, integrado por Maria Orts (Capdepera EU-EV, Guillem Caldentey (Els Verds- Esquerra d'Artà), Conxi Peña (Els Verds-Esquerra Son Servera), Pepe García (Pollença Alternativa EU-EV) y Virginia Urdangarín (Capdepera EU-EV) se desmarcó ayer del grupo parlamentario del Bloc y manifestó públicamente su total rechazo al Decreto Llei 1/2010 de 26 de marzo que permite otorgar licencias de construcción de viviendas unifamiliares en urbanizaciones que no disponen de servicio de alcantarillado.
Diógenes considera que el decreto ley aprobado por el Parlament el pasado 27 de abril y que reabre la posibilidad de conceder licencias de obra durante un periodo de dos años en urbanizaciones consolidadas como Formentor y El Vilà en Pollença o Bonaire en Alcúdia «consolida un modelo urbanístico propio de países subdesarrollados introduciendo excepciones en la normativa urbanística vigente que exigía disponer previamente de todos los servicios básicos (luz, agua, acceso rodado y alcantarillado) para poder dar licencias».
La 'nueva UM'
Diógenes considera «lamentable el apoyo de la izquierda y del ecologismo político a esta medida» que salió adelante en el Parlament con los votos de PSOE, BLOC y UM y la abstención del PP que consideró que se invadían competencias municipales. «Consideramos que esta medida legislativa es más un golpe de la 'nueva UM' del sector norte, vinculada a fuertes intereses inmobiliarios y especulativos, que no una medida de reactivación ante la crisis», dice Diògenes que añade: «Si lo que se quiere es fomentar la creación de puestos de trabajo en el sector de la construcción sería mucho más efectivo impulsar la vital recepción y ejecución de las dotaciones de servicios (como la del alcantarillado), por ejemplo, obligando desde las administraciones municipales y con ayudas de financiación o contribuciones especiales si cabe».
Los regidores eco socialistas recuerdan que estos días se han hecho públicos los datos de un estudio de la UIB que revelan que en las Illes hay construidas 2,1 millones de plazas residenciales para una población de 1.072.000 habitantes. «Representa una medida completamente contraria al cambio de modelo supuestamente asumido por las fuerzas progresistas que se tendría que ir aplicando aprovechando la crisis económica actual», añaden.
El colectivo de izquierda considera «faltas de toda credibilidad las condiciones establecidas en el Decreto Ley aprobado por el Parlament según las cuales los ayuntamientos disponen de dos años para la aprobación de los proyectos de dotación y ejecución de los servicios, cuando es notoria la falta de voluntad y diligencia por parte de alcaldes que, en algunos casos durante décadas, no lo han llevado a cabo». «Si las Balears quieren competir en el mercado turístico se tendría que apostar por otro modelo», sentencian.