El acto estuvo presidido por el alcalde de Palma, Mateu Isern; el regidor de Seguretat Ciutadana, Guillem Navarro, y el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, entre otras autoridades.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de diplomas y medallas. En esta ocasión, la primera de la etapa del intendente Antoni Vera al frente del cuerpo, se entregaron un total de 14 medallas con distintivo blanco al mérito policial para personas y entidades que han colaborado con la Policía. Las mismas correspondieron a Adolfo Orozco, comandante general de las Illes Balears; Víctor Manuel Navarro, coronel jefe del Sector Aéreo de Palma; Antonio Ortiz, teniente coronel del Ejército de Tierra; Mario Ruiz, brigada del Ejército del Aire; Francisco José Domingo González, comandante jefe de la Agrupación del Sector de Tráfico de Balears; Marines Maimó, sargento de la Guardia Civil; Javier Ribas y Jaime Bergas, inspectores jefes del Cuerpo Nacional de Policía; Rosario García, fiscal jefe de la Fiscalía de Menores, y Antoni Fiol, director del ISPID (Instituto de Seguridad), entre otros.

Asimismo, se otorgaron medallas de distintivo azul al mérito policial a un total de 17 agentes tras cumplir 25 años de servicio, entre ellos el comisario Quintanilla, un oficial jubilado muy apreciado en el seno policial que pudo ver cómo en la entrega de su distinción todo el auditorium se puso en pie.

Durante el acto, varios agentes de la Policía Local de Palma fueron condecorados por acciones meritorias en pro de los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Palma, Mateu Isern, destacó en su intervención el aumento de más de un 40 por ciento de agentes en la calle velando por la seguridad de los ciudadanos, el esfuerzo que hacen los policías en su día a día y el éxito sin precedentes de constituir cuatro nuevas unidades con menos presupuesto.

Antoni Vera, intendente jefe, afirmó: «Tenemos una colaboración con el CNP que va más allá de las obligaciones legales», constatando las excelentes relaciones existentes desde que se hizo cargo de la jefatura policial.

Los servicios de emergencia trabajaron durante más de una hora para poder estabilizar a la víctima y trasladarla en estado crítico a un centro hospitalario. Al lugar de los hechos, el Hotel Barracuda, situado en la calle Notario Alemany de Magaluf se desplazaron efectivos de la Policía Local de Calvià, de la Guardia Civil de Palmanova y unidades de emergencias.

La policía judicial de la Guardia Civil investiga las circunstancias en las que cayó la joven. Al parecer, se encontraba en un apartamento del establecimiento junto con su madre y su hermana. Las primeras hipótesis, a raíz del testimonio de distintas personas es que antes de que la joven cayera se produjo una discusión entre ella y su madre. De hecho momentos antes de que tuviera lugar el accidente, alguien tiró una maleta llena de ropa desde el mismo balcón.

Lo que se investiga ahora es si la joven, en medio de la discusión, se encaramó a la barandilla de la terraza y que se llegó a sentar en ella. En esa postura, la víctima hizo un mal movimiento que llevó a que perdiera el equilibrio y de forma accidental se precipitara al vacío.

El accidente ha tenido lugar en el hotel Barracuda en la avenida  Notario Alemany, cuando la mujer se ha precipitado hacia la zona  interior del hotel, en el área de la piscina.

Al lugar de los hechos, ha acudido el médico de la zona, una  ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, que la ha  atendido y la ha trasladado al hospital de Son Espases con pronóstico  reservado.

Según han explicado las mismas fuentes, la víctima presenta  diversos politraumatismos por varias partes del cuerpo y un  traumatismo cráneo encefálico grave.

Los arrestados, a los que se ha incautado ocho documentos falsos, están acusados de un delito de falsedad, indica hoy este cuerpo de seguridad en una nota, en la que detalla que la operación se inició cuando se detectaron varios documentos fraudulentos, especialmente de nacionalidad rumana y búlgara.

El principal detenido de la organización responde a las siglas I.C., es de nacionalidad moldava y se servía, según la Policía, de numerosos «captadores» en España que ofrecían a personas de países de Europa del este en situación irregular la posibilidad de regularizarse a través de documentación de identidad falsedad.

Estos documentos eran carnés de conducir, cartas de identidad o pasaportes de Rumanía y de Bulgaria y la red los facilitaba a cambio de una importante suma de dinero, indica la Policía.

El pasado viernes 18 los investigadores averiguaron que se estaba preparando un viaje desde Moldavia a España para transportar documentación falsa realizada en el primer país y se localizó al sospechoso.

El hombre viajaba en barco desde Barcelona cargado con los documentos falsificados, que se encontraron en un registro hecho a su llegaba a Palma en la furgoneta que transportaba, donde se localizaron cinco carnés de identidad falsos.

Dentro de la misma investigación se ha detenido a dos empresarios de Mallorca que supuestamente tramitaban contratos de trabajo falsos a nombre extranjeros irregulares, a los que cobraban 750 euros por contrato.
Estos contratos se usaban luego para realizar los trámites de obtención de la tarjeta de residencia por arraigo laboral.

La Policía no especifica en la nota la vinculación a la red de los otros dos detenidos.

La investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando se produjo un asalto a dos vigilantes de seguridad en un aparcamiento de Palma, concretamente en el Parc de la Mar. Los delincuentes, que empuñaban una pistola, obligaron a los vigilantes a tirarse al suelo para posteriormente atarles las muñecas con bridas. Acto seguido les sustrajeron las llaves de los cofres de los cajeros de pago y huyeron del lugar en una furgoneta de color blanca.

Aproximadamente un mes después se produjo otro atraco en el aparcamiento de la plaça de l’Olivar . Esta vez los dos autores, portaban además de una pistola un cuchillo de gran tamaño con dientes de sierra. Al percatarse de que el vigilante se encontraba fuera de la garita, le agredieron y tras perder el conocimiento, le ataron a una barandilla.

Las investigaciones se centraron en la localización de este vehículo, que según las declaraciones de los testigos, tenía restos del logotipo de una empresa pintados en color gris. Finalmente se logró localizar una furgoneta de similares características.

Los dos presuntos atracadores, F.V.M., de 38 años en Cuenca y A.B.M., de 33 años en Palma de Mallorca. Además se detuvo a una mujer J.E.C., de 42 años, como colaboradora de los anteriores. También se detuvo una tercera persona en Badajoz y también está en prisión. Además, agredieron y maniataron a tres vigilantes de seguridad, apropiándose de más de 5.000 euros depositados en los cajeros de pago.

En un acto que ha contado con la presencia del delegado de gobierno, José María Rodríguez, y representantes de la Policía Nacional y Local, el alcalde de Palma, Mateo Isern, se ha mostrado satisfecho por la firma de un convenio aprobado el pasado 18 de abril por la Junta de Gobierno Municipal.

Isern ha recordado que la Policía Local de Palma ya venía colaborando con la Policía Nacional en los casos de violencia de género, pero que gracias a este acuerdo lo podrá hacer de forma independiente en lo que toca a la valoración de los hechos, la determinación de los riesgos para las personas afectadas y los protocolos de actuación.
Rodríguez ha mencionado que gracias al acuerdo, «la Policía de Palma obtiene el rango de Policía Judicial y se convierte en una unidad especializada dotada de los instrumentos legales necesarios para el seguimiento de estos delitos de violencia de género».

El delegado de gobierno ha recalcado que este nuevo paso de colaboración entre el Gobierno central y el municipio palmesano permitirá «optimizar el trabajo de ambos cuerpos de policía y fortalecer la defensa de las libertades constitucionales que amparan a los ciudadanos ante cualquier caso de violencia».

Casos de violencia

Según Isern, en 2011 en Palma se produjeron 575 casos de violencia de género y la Policía Local realizó 289 detenciones, una actuación que ahora se verá optimizada por el acceso a la base de datos VIOGEN con la que los efectivos podrán tener conocimiento rápido del antecedente de los implicados.

Por otra parte, con relación al proyecto de rehabilitación de la Playa de Palma, el alcalde ha afirmado «que no se cuentan con los recursos necesarios para llevarlo adelante, que el mundo no se acaba en 2012 y que en los próximos años se espera poder retomarlo con más fuerza».
Isern ha mencionado que ante la falta de dinero se tiene previsto «adaptar las condiciones del Consorcio, redimensionar el coste de sus gastos corrientes para que sigan trabajando en la redacción de proyectos y pedir la colaboración de las empresas privadas para hacer realidad la reforma integral de la Playa de Palma».

Los hechos se produjeron sobre las 23.45 horas, en el número 15 de un edificio ubicado en el casco antiguo de Palma, concretamente en la calle Pelaires.

Varias llamadas alertaron a los equipos de emergencia de que un varón, de unos 40 años de edad aproximadamente y nacionalidad española, se había precipitado desde un tercer piso, es decir, unos 10 o 12 metros de altura.

Rápidamente, numerosas dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía, Bombers de Palma y personal sanitario del (Servei d'Atenció Mèdica Urgent) SAMU-061 se personaron en el lugar.

Cabe destacar que el cuerpo, a consecuencia de la caída, quedó encajado entre la terraza de un local y la pared, un lugar de muy difícil acceso para los equipos de rescate. Para poder acceder al lugar fue necesario desmontar varias ventanas.

La víctima fue atendida in situ por el personal médico desplazado, pero debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el facultativo ordenó el traslado, con carácter de urgencia, hasta el hospital de Son Espases. A los pocos minutos de ingresar en el centro hospitalario el paciente falleció y Pompas Fúnebres se hizo cargo del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en julio de 2007. El acusado -un hombre de 46 años que estaba destinado en Tráfico- llegó en torno a las ocho de la mañana al piso que compartía con otros guardias. Uno de ellos se encontraba en la cama con una mujer. Ambos dormían. El agente decidió meterse él también en la cama. Se colocó a la espalda de la víctima y la penetró. La pareja se despertó en ese momento. El hombre pensó que ambos habían iniciado una relación voluntaria y se comenzó a vestir confuso. En ese momento, la víctima se percató del engaño. Airada se fue de la casa y denunció lo ocurrido.

En el juicio estuvo también acusado el hombre que estaba en al cama con la joven que fue absuelto.

Posturas

El guardia civil condenado argumentaba ante el Tribunal Supremo lo mismo que hizo en el juicio: que se trató de una relación consentida y que la mujer le denunció porque se había corrido la voz de los compañeros de la soldado denunciante lo ocurrido. El Supremo descarta esta opción. Tampoco tiene en cuenta los problemas que planteaba la defensa a la verosimilitud de lo ocurrido por la postura de acusado y víctima en ese momento. Señala que los hechos sucedieron en cuestión de segundos, por lo que es normal que hubiera discrepancias en el relato. El Supremo cree que los hechos tienen suficiente corroboración por lo declarado en el juicio por el compañero del acusado.

Durante la operación, dirigida por el Grupo de Robos de la Policía Nacional, se detuvo a un total de seis personas a los que se les imputan 23 robos en Palma y otros ocho registrados en la demarcación de la Guardia Civil. Concretamente, estos últimos asaltos se produjeron en las localidades de Bunyola, Santa Maria y Sencelles.

Los investigadores del caso llevaban tras los ladrones más de seis meses. El modus operandi del grupo organizado siempre era el mismo y estaban perfectamente distribuidas las diferentes tareas entre todos los integrantes del equipo.

Al parecer, uno de los ladrones, había trabajado en una empresa de instalaciones eléctricas y era el que facilitaba toda la información sobre los objetivos.

Los arrestados son: Juan M.L., de 34 años, Verónica D.M., de 28 años, Ángel A.T., de 35 años y conocido popularmente con el alias de 'El Cordobés', Juan D.M., de 24 años, Francisco G.O., de 35 años y Daniel C.D., de 23 años, alias 'El Danilo', todos ellos de nacionalidad española.

La autoridad judicial autorizó dos registros y se incautó una gran cantidad de material sustraído. En tres de los casos, los moradores de la vivienda estaban dentro cuando se perpetraron los robos.

Tres de los autores tuvieron que ser excarcelados porque se encontraban en prisión por robos anteriores.

Así aparece reflejado en la sentencia dictada por el Juzgado de  Primera Instancia número 2 de Palma, que ha condenado al doctor y a  la clínica a abonar 150.000 euros por daños morales y 270.000 euros  por negligencia médica y profesional en favor de la joven y su hijo  Aarón. Según plasma la resolución, el centro se comprometió a  devolverle los 400 euros que había abonado por la operación, con la  condición de que rubricase el documento por el que «casi bajo  coacción» asumía la responsabilidad en los hechos.  

«No se vislumbra que el hecho de que Tamara continuara con su  embarazo sea decisión de ella», asevera en los fundamentos jurídicos  el juez Francisco José Pérez, autor de la sentencia, quien relata  que, tras serle practicado el aborto -en abril de 2010- y después de  que le dijeran que había resultado satisfactorio -en mayo-, la joven  acudió a la clínica el 20 de agosto para que le practicasen una  segunda interrupción por creer estar nuevamente encinta, cuando en  realidad se trataba del mismo embarazo.

Y es que, efectivamente, una vez allí el médico que meses antes le  había practicado el aborto, Enrique Rolando K.N., le dijo que estaba  esperando un hijo y estimó que la edad gestacional superaba las 22  semanas -excediendo así el plazo legal para abortar-, ante lo cual  «no podía hacer Tamara otra cosa más que continuar con el embarazo»,  pues «no le cabía otra opción legal» pese a que «su firme decisión  era abortar, razón por la cual fue a la clínica el 20 de agosto».  Todo ello a pesar de que finalmente se demostró que en realidad  estaba de 20 semanas, lo que se supo una vez había tenido al niño.

Cálculo fallido

«Si el médico calculó mal la edad gestacional, la  responsabilidad del error tan sólo a él le es atribuible», recalca la  sentencia, que puntualiza que la ecografía a través de la que erró el  doctor en su cálculo no ha sido aportada al procedimiento. A juicio  del magistrado, «a la vista de la negligencia resulta clarificador»  que no fuesen aportadas por los codemandados, lo que achaca a que «de  ellas se desprendía claramente que en mayo de 2010 sí había otro  embrión y por ende que la negligencia era aún más palmaria de lo que  ya es».

Al hilo de lo anterior, el juez alude a otro de los argumentos  esgrimidos por los codemandados: que otra de las médicas de la  clínica le brindó la posibilidad de acudir a otro centro en Barcelona  para que le practicaran el aborto, que estaba cerrado y que según se  puso de manifiesto en el juicio podía abrirse para tratar su caso.  Sin embargo, ante esto el magistrado precisa que la Ley posibilita la  interrupción del embarazo siempre que no se superen las 22 semanas de  gestación -edad que el médico le dijo- y exista un grave riesgo para  la vida o la salud de la embarazada.

«Su embarazo careció del seguimiento que tienen todos»

Y en este contexto, afirma que en caso de que hubiera ido a  Barcelona «no es seguro que hubiera podido practicársele una nueva  interrupción voluntaria del embarazo, pues se ignora si se le hubiera  apreciado riesgo para su salud» puesto que su embarazo «careció del  seguimiento que tienen todos pues desde el día 20 de abril hasta el  14 de agosto careció de análisis y pruebas médicas a fin de asegurar  la correcta evolución del feto».

Finalmente y en lo que se refiere a la devolución de los 400 euros  a cambio de firmar el documento, la resolución apunta que «no se  comprende el caritativo gesto de devolverle el dinero» puesto que  este tipo de clínicas «no son generosas ni hermanas de la caridad, si  no operarían bajo el régimen de ONG y no como clínicas privadas»,  máxime cuando le instaron a rubricar el papel en el que le atribuían  la responsabilidad.

Así lo ha manifestado el letrado este jueves al salir del Centro  Penitenciario de Alcolea, en el que se encuentra interno Bretón desde  el 21 de octubre procesado por la presunta comisión de dos delitos de  detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y con la  agravante de parentesco, y por simulación de delito.

En esta visita el abogado y su patrocinado han analizado el auto de procesamiento emitido por el juez José Luis Rodríguez Lainz y que insiste en que «punto por punto son suposiciones que siguen sin tener valor probatorio alguno en el derecho penal», de hecho, en algunas partes del auto el magistrado «dice que están muertos» y en otras  partes que «están vivos», por tanto «ni el juez tiene claro» los  hechos.

En relación con el careo, Sánchez de Puerta destaca que «Bretón no  tiene problema ninguno» tanto si es con su mujer como con el primo de  la mujer, Juan David, amigo de Bretón, dado que «él --Bretón-- se  está sometiendo a todas y cada una de las pruebas que se le han  practicado», de manera que «si el juez lo considera oportuno se  efectuaría», aunque, tal y como advierte el letrado, «procesalmente  es una figura muy extraña», teniendo en cuenta que «son pruebas que  se deben practicar antes de dictar el auto de procesamiento y no  después».
En este sentido, reprocha que el juez haya dictado dicho auto sin  esperar al contrainforme a la prueba de la Universidad de Valencia  que avala «al 98 por ciento» que Ruth y José no llegaron al Parque  Cruz Conde, el cual espera presentar la próxima semana en el juzgado  y tras ello pedir de nuevo la libertad de su cliente.

No haber esperado al documento indica, a su juicio, que «las  alegaciones de la defensa no tienen la consideración que se  solicita», porque «si es contundente el contrainforme contra la  prueba, que es la base para creer que los niños no llegaron al  parque, se deberían haber esperado, ver el contrainforme y en  consecuencia de ello haber actuado». Por tanto, «si no se ha hecho es  porque las consideraciones de la defensa no tienen la valoración que  siempre he pedido en el procedimiento», aún así manifiesta que no le  coge de «sorpresa».

Asimismo, le «extraña mucho que después de un auto de  procesamiento se sigan practicando pruebas» y se pregunta si es «en  función a que puedan surgir nuevas pruebas o apoyar las tesis  anteriormente ya manifestadas». En definitiva, resalta que «en 42  años de abogado es la primera vez que veo que se dicta un auto de  procesamiento y se sigan practicando pruebas». Algo «distinto» es la  prueba del contrainforme que tiene solicitada «desde hace tres  meses».

Juicio «duro» para diciembre
Entretanto, el abogado destaca que Bretón está «con ganas de  afrontar el juicio», que prevé «duro» y que se celebre a principios  de diciembre. En la sesión, «plantearé todas las cuestiones, con un  tribunal que me escuchará y calibrará los resultados de las pruebas  que intente rebatir», según ha señalado Sánchez de Puerta.

Antes, concretamente el 15 de junio comparecerá el padre de los  niños por cuarta vez ante el juez en una declaración indagatoria de  cada uno de los puntos del auto, pese a ello, Bretón sigue  defendiendo «su inocencia a capa y espada», al tiempo que se muestra  «sorprendido que hayan salido a la luz sus declaraciones», como  apunta su abogado, quien aclara que al no saber «el origen de la  filtración» ve «difícil ejercer acción legal alguna», aunque subraya  que «es una violación del derecho a la intimidad».

«Suposiciones»
Para Sánchez de Puerta, el auto de procesamiento tiene  «comentarios dudosos, está basado en suposiciones» y, a su juicio,  «las acusaciones tan fuertes que se dicen en el auto tienen que ser  demostradas y hasta ahora hay muchas que no pueden ser demostradas ni  demostrables».
En concreto, el auto relata que Bretón estuvo cerca de un mes  «noches enteras estudiando y dando cumplimiento a su plan  preconcebido, mientras que, a la vez, analizaba las distintas  posibilidades de actuación a las que podría tener que hacer frente»,  algo que Bretón, según relata su abogado, niega «totalmente» que  hiciese para planear la desaparición de sus hijos.

Al respecto, el padre admite que «estuvo muchas veces en la finca, la mayoría de ellas acompañado de sus padres, y las que estuvo solo  estaba haciendo labores agrícolas de riego de los naranjos», tal y  como manifiesta el letrado, quien igualmente destaca que Bretón niega  que por la noche estuviera en la finca días antes, como recoge el  auto.

En cuanto a la participación de otra persona en el caso la mañana  de autos, y que se apunta en el mismo auto, Sánchez de Puerta subraya  que «habrá que demostrar si existe esa persona», de modo que  «mientras no aparezca no tiene valor» y se pregunta «¿cómo es posible  que esto se pueda poner en un auto de procesamiento?». Además, niega  que estuviera en la finca de la familia paterna en Las Quemadillas la  mañana del día en el que Bretón denunció la supuesta desaparición de  los niños en el Parque Cruz Conde, y que saliera de la casa de su  hermana Catalina.

Por otra parte, Bretón, según su defensa, niega «totalmente» que  hablara con un amigo policía sobre las medidas de seguridad en la  Ciudad de los Niños, colindante al Parque Cruz Conde, como señala el  auto. Al hilo de ello, Sánchez de Puerta pone «muy en tela de juicio  que se hayan efectuado muchas conversaciones entre José y la policía  que constan en las actuaciones», y con las que no está de acuerdo el  letrado y «así lo demostraré en el juicio», tal y como indica el  abogado, quien admite que será su problema «demostrar que la policía  está desvirtuando unos hechos», que, a su juicio, «está narrando  taxativamente en perjuicio de Bretón intentando dar una imagen de  Bretón que no se atiene a la realidad».

El auto también señala que el padre de Ruth y José llegó a  realizar «un experimento con sus sobrinos sobre cuál sería la actitud  de dos niños a quienes se dejara solos durante un determinado espacio  de tiempo», algo que Bretón niega.

Posible nuevo implicado por dinero
El auto de procesamiento subraya en relación a la implicación de  otra persona que «no puede ni confirmarse ni descartarse tal  hipótesis, pensando que dentro de las precauciones que pudiera haber  tomado el encartado a la hora de urdir su plan, pudiera estar la de  contactar en persona con el desconocido tercero que, bien por  amistad, o más bien por dinero, se ofreciera simplemente a estar en  la parcela esperando a José, y en un momento determinado posiblemente  al salir el coche, realizara el trasvase de los dos menores a otro  vehículo en el que se llevaría a los dos niños a cualquier ignoto o  inimaginable lugar».

«La presencia e intervención de un tercero facilitaría  completamente la explicación de cómo es posible que José hubiera  conseguido borrar del mapa a sus dos hijos sin dar pistas ni señal  alguna de ellos», si bien matiza que tras un exhaustivo examen del  tráfico de llamadas no ha podido darse con el perfil de alguna  persona que pudiera encajar con alguien dispuesto a hacer un favor  «tan grande» a Bretón.

Una gran grúa colocada sobre un pontón izó el barco, de 38 metros de eslora nueve de manga y un peso en vacío de 110 toneladas, aunque no se consiguió finalmente posarlo encima de una segunda estructura. Ante esta situación, en la que el Maverick Dos quedó suspendido a pocos metros de la pontona que debe trasladarlo a Denia, Baleària apuntó anoche que se prevé que a primera hora de hoy se finalicen los trabajos previstos en s’Illot de sa Torreta.

A Denia

A pesar de que en el día de ayer el viento no sopló con la fuerza de los días anteriores, sí había algunas olas que retrasaron un poco el trabajo. Desde Baleària señalaron que estaba previsto iniciar las labores de reflotamiento a primera hora de ayer, lo que finalmente no ocurrió hasta el mediodía debido a «varios factores técnicos que han provocado cierto retraso en el desarrollo del plan». Tras una larga jornada de trabajo, sobre las 20,00 horas el barco ya estaba izado y todo a punto para ser depositado sobre la pontona, hecho que finalmente no se produjo.

Grúas Usabiaga trasladó la grúa desde Denia y, hoy, una vez concluida la maniobra de remoción de los restos del barco se pondrá de nuevo rumbo a este puerto alicantino, donde se estudiará qué hacer con el Maverick Dos. La grúa empleada, una LR 1600/2 de Liebherr, es una potente estructura capaz de levantar 600 toneladas. Permite izar 120 toneladas de peso a 32 metros de distancia.

El ingeniero que ha diseñado la operación, Kepa Kruzeta, de Grúas Usabiaga, señaló que para llevarla a cabo «se cuenta con la ventaja de que está junto al mar y de que tiene cáncamos [piezas para enganchar el barco a la grúa], de forma que nos evita la complicación de tener que engancharlo por debajo de la quilla».

Por fortuna, en el accidente del Maverick Dos nadie resultó herido y tampoco se produjeron vertidos de consideración.

Los hechos se produjeron en torno a las 14.05 horas en el interior del Forn de Campos , sito en Gran Vía Asima número 4 del Polígon de Son Castelló de Palma.

Al parecer y, según las primeras hipótesis de la investigación policial, un varón de origen cubano identificado como Aliane G.C., de 29 años de edad, entabló una entrevista con su exjefe para perfilar el pago del supuesto finiquito.

Tras unos minutos de acalorada discusión, el extrabajor se levantó, visiblemente alterado, salió del establecimiento y se dirigió a su vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones. Transcurridos unos segundos, el cubano nacionalizado español, entró nuevamente al local empuñando un cuchillo de grandes dimensiones.

Según varios testigos presenciales, el agresor se dirigió a su exjefe y le dijo una frase que no podían concretar con exactitud, pero que era algo parecido a: «Si no cobro el dinero que me debes lo pagarás».

Acto seguido, el joven se abalanzó sobre el empresario y le asestó varias puñaladas. Según información policial, una de ellas le alcanzó la mano provocándole un corte bastante profundo y las otras dos puñaladas fueron dirigidas al pecho. La víctima cayó desplomada y su estado es grave.

Nada más producirse la agresión el presunto autor emprendió la huida.

Rápidamente, numerosas dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el lugar y ordenaron montar un dispositivo de cierre del polígono. Cabe recordar que, desde hace menos de un mes, la base operativa de los 'zetas' (coches patrulla) está ubicada a escasos 100 metros del lugar de donde se produjeron los hechos. Esta circunstancia facilitó que, en menos de cinco minutos, el Polígon de Son Castelló estuviera cerrado y en una rotonda se consiguiera capturar al presunto agresor.

El varón reconoció los hechos y afirmó que lo hizo porque el día 11 había sido despedido de una empresa de construcción y no llegaron a un acuerdo.

Antes, el acusado había negado los hechos. La declaración de la joven dejó el juicio sin contenido, una vez que sobre su denuncia se había sustentado todo el procedimiento en el juzgado de instrucción y luego en el penal.

Psicólogo

De hechos, para la jornada de ayer estaba citado un psicólogo, entre otros testigos. Lo único que añadió la joven a preguntas de la defensa del acusado fue que nadie le había presionado para hacer ahora esta declaración.

Tras la testifical de la joven, el juicio se detuvo. El fiscal renunció a todos sus testigos y, si bien elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en la que solicitaba la pena de cárcel, declinó informar. En el mismo acto de juicio, la juez dictó una sentencia absolutoria en voz. Además de todo el proceso judicial, al acusado le habían impuesto durante la instrucción una medida cautelar por la que no podía acercarse a la víctima.

En la sesión de ayer, no se planteó un posible delito de falso testimonio o de denuncia falsa contra la adolescente. Toda vez que el fiscal mantuvo, al menos formalmente, la acusación cerró esta posibilidad. De este modo, la historia terminó en un abrazo familiar y con el acusado, prácticamente dando saltos en el pasillo de la sede judicial junto a su pareja y a la hija de ésta, su denunciante.

El siete de mayo de 2010, en torno a las ocho de la tarde, una mujer paseaba con su perra 'Betty' por la calle. En ese momento, un hombre la abordó por detrás y, de un tirón le quitó la correa del animal y se dio a la fuga con el can. La víctima del robo cayó al suelo y se dio un fuerte golpe en la cara y en el hombro que le agravó una artrosis que ya tenía. Además empeoró de un trastorno depresivo que padecía desde hacía un año.

Absolución

Tras el suceso, la víctima denunció que el acusado había lanzado a través de la ventana de su casa un cartucho de escopeta, a la vez que le decía, «esto es un aviso, como pongas alguna denuncia vengo con la escopeta y te pego un tiro a tí y a tu marido». Sin embargo, el juez que se encargó de la causa absolvió al acusado de un delito de amenazas al entender que lo que relataba la mujer no había quedado acreditado.

La defensa del acusado había recurrido contra una primera sentencia de un juzgado de lo Penal. Insistía en que la mujer acusó al hombre a raíz de un enfrentamiento entre ambos a causa del perro, pero que no se produjo el robo. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial avala el criterio del juzgado de lo Penal.

Junto a la pena de año y medio de cárcel, el acusado tendrá que pagar una multa por una falta de lesiones, indemnizar a la víctima en 1.300 euros por los daños causados. Además el acusado no se podrá acercar a la víctima durante un periodo de dos años y dos meses. La medida no se extiende a la perra.

La sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Palma se refiere a unos hechos ocurridos el 20 de abril de 2010, cuando la mujer, embarazada de unas 8 semanas, acudió a una clínica de la capital balear para abortar, una operación que se le practicó mediante la técnica de la aspiración del feto.

Quince días después, la mujer fue de nuevo a la clínica para que el médico condenado, E.R.K., le practicara una ecografía para comprobar que el aborto había salido bien, pero el facultativo no detectó nada.

En agosto, embarazada de unos cinco meses, la mujer volvió al centro sanitario para someterse a un nuevo aborto porque pensaba que se había quedado embarazada de nuevo, pero al realizarle la ecografía se comprobó que nunca se había interrumpido la gestación.

Entonces la clínica tuvo, según el juez, el «caritativo gesto» de devolverle el dinero del aborto, algo que a su juicio «no se comprende» porque «las clínicas de esta índole no son generosas ni 'hermanas de la caridad'».

También se le hizo firmar un documento eximiendo de responsabilidad a la clínica, al tiempo que le instó a que abortara en un centro de Barcelona donde «le harían precio», cuando no podía legalmente porque estaba embarazada de más de 22 semanas.

El juez Francisco Pérez considera que el facultativo cometió una negligencia médica y que es responsable de que la operación no fuera bien, ya que los aparatos que usó funcionaban correctamente.

«El error es humano y de E.R.K., y ese error consiste en que no hizo bien y correctamente el análisis o comprobación de la ecografía», indica el juez.

Los peritos que comparecieron en el juicio, en el que no declaró el acusado, indicaron, según destaca el juez, que el médico «prestó escasa o nula atención a la ecografía que estaba practicando» durante la segunda visita.

Además, abunda que en la primera visita actuó con «absoluta dejación de funciones» porque no calculó bien el tiempo que llevaba embarazada la mujer, ya que de haberlo hecho se habría dado cuenta de que llevaba menos semanas y que podía aplicar el aborto químico, más fiable que el quirúrgico por aspiración.

Achaca este comportamiento a la «rutina y monotonía», que en su caso, añade, «devinieron en desidia» y en «negligencia». «Se olvidó de la importancia de su profesión y de los riesgos que de su fracaso se derivan, dejándose llevar por una constante actuación de la que hasta ahora no había tenido reclamaciones», afirma.

Otro de los aspectos que aborda es la deficiente información que se dio a la mujer sobre los riesgos del aborto, ya que ella no firmó ningún documento al respecto y al parecer ni siquiera se le informó verbalmente, cuando el margen de error de la operación es del 2,3 %.

Respecto al daño moral a la víctima, la sentencia, que puede ser recurrida, lo fija en 150.000 euros por las secuelas de «angustia y ansiedad» que provocó en la mujer y porque su hijo «altera para siempre» su vida.

Por otro lado, condena al médico y la clínica al pago de otros 270.000 euros para pagar «absolutamente todo cuanto gasto genere el menor hasta los 25 años», lo que representan 978 euros al mes para alimentación, vestimenta, sanidad, educación y manutención.

Las bicicletas eran de la marca Mérida, de fibra de carbono y muy ligeras, y su precio oscilaba según el modelo, pero podía superar los 2.000 euros. Un hotel de Santa Ponça adquirió el año pasado un gran lote de estas bicis, que después alquilaba a turistas, y en el mes de febrero unos desconocidos entraron en establecimiento y se apoderaron de 20 ciclos.

Segundo caso

Meses después, ya en octubre, la banda regresó al mismo hotel, volvió a forzar uno de los accesos y en esa ocasión se llevaron 61 bicicletas más, todas de competición y de un precio muy elevado en el mercado.

Desde entonces, la Guardia Civil ha estado buscando los vehículos de dos ruedas sustraídos. Los investigadores averiguaron que en algunas conocidas páginas de internet, destinadas a la venta de efectos de segunda mano, se estaban ofreciendo modelos Mérida idénticos a los sustraídos en Santa Ponça, por lo que las pesquisas se encaminaron en esa dirección.

Una de las bicis fue recuperada en Asturias y a otras se les perdió la pista en otras ciudades de la Península. La mayoría de los compradores desconocía que las bicicletas de competición eran robadas, pero también había algunos receptadores que sí conocían su origen ilícito e hicieron negocio con ellas.

Así las cosas, hace unos días el Área de Investigación practicó las primeras detenciones. El presunto líder de la banda de ladrones era un joven español de la zona apodado «El Sevi». En total, fueron arrestados cuatro sospechosos de los robos y otros seis como supuestos receptadores. Sin embargo, la operación sigue abierta porque hay más implicados.

La Oficina Periférica de Comunicación (OPC) Comandancia de la Guardia Civil informó de que el precio de las bicis sustraídas en el mercado habría sido de 150.000 euros, aunque el valor de fábrica se sitúa entorno a los 90.000 euros.

El Grupo de Homicidios investigó el caso y se detuvo al esposo de Celia, que a los cinco días fue puesto en libertad por falta de pruebas. La mujer también fue investigada, pero tampoco se encontraron pruebas contra ella. Un dato que llamó la atención a la Policía fue el hecho de que Modesto se encontraba en la cama cuando su asesino llamó a la puerta del piso. La víctima le abrió y, cuando se quitaba el jersy del pijama, fue apuñalado.

El cuerpo fue encontrado por un compañero que avisó enseguida a la Policía. Las indagaciones llevadas a cabo por la Policía y la Guardia Civil apuntan a que móvil del asesinato pudo ser el robo. Pese a ello, el asesino no ha sido encontrado todavía.

En una hipotética reconstrucción de los hechos, se supuso que Marcel fue recogido por dos o tres individuso en Cala Estancia, todos ellos de nacionalidad francesa. Ya en el interior del coche, Marcel fue apuñalado en nueve ocasiones y posteriormente se le cortó la oreja izquierda. Minutos más tarde, fue arrojado al solar de s'Arenal todavía con vida, ya que en sus manos se encontró trozos de hierba.

El cadáver estaba en el suelo de la habitación en medio de un charco de sangre y con un golpe entre la frente y la nariz que le produjo hundimiento del cráneo y la muerte inmediata. El móvil del crimen fue sin duda el robo, ya que el asesinó registró toda la casa y sustrajó algunas pertenencias. El ladrón huyó y todavía no ha sido detenido.

Durante esa madrugada, la Policía recibió una llamada anónima que alertaba de que dos marineros estaban heridos en el interior de un bar. Cuando llegaron los agentes, uno de ellos, Terry Brooks, se encontraba herido apoyado a la barra y en el servicio, en el suelo, fue hallado inconsciente Ryer con heridas de arma blanca en el hemitórax, que afectaban zonas vitales.

Los marineros, que vestían de paisano, visitaron esa misma noche varios locales de la zona. Una hipótesis de la investigación señala que la pelea pudo haberse iniciado por ser víctimas de un robo. Posteriormente hubo detenidos pero quedaron en libertad por falta de pruebas.

El asesino se llevó consigo un video y poco más de 2.000 pesetas de la caja de recepción. A pesar de ello, se descartó el robo como móvil, ya que el criminal no robó otras pertenencias de valor o dinero que la víctima llevaba en su bolsillo. Se barajó la posibilidad de que fuera una venganza personal.

Dos testigos, que intentaron acceder a la recepción y no pudieron porque el criminal había puesto un palo atravesado en la puerta, describieron al delincuente que al verlos se dio a la fuga. Cuando por fin pudieron entrar, los clientes encontraron el cuerpo de Ramiro y avisaron a la Policía. Días más tarde, el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo la detención de un sospechoso. El detenido fue trasladado a la Jefatura de Palma, pero tras prestar declaración y llevarse a cabo varias diligencias de comprobación de hechos fue puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes.

Este crimen se relacionó con el de Gabriel Forteza, asesinado el 12 de enero de 1990.

La Benemérita indicó como móvil del crimen "rencillas triviales". Así, se creyó que el primero discutió por cuestiones vecinales y de escasa trascendencia y que el segundo se quejó al padre del comportamiento de su hijo antes de ser asesinado.

Similitudes entre las víctimas

Las similitudes entre los asesinatos de Mateu Ferrer y Andreu Burguera, que al parecer se conocían entre ellos, son evidentes: ambos eran jubiliados, vivían solos y llevaban una vida solitaria.

Mateu Ferrer, conocido como 'xeremier', vivía solo en su planta baja y a finales del verano de 1984 los vecinos lo encontraron muerto en su casa. Hacía días que no sabían nada de él y una mujer reparó en que la entrada de la vivienda estaba llena de moscas. Al mirar por una rejilla vio el cadáver tendido sobre un gran charco de sangre. Un cerrajero abrió la puerta y varios vecinos estuvieron presentes en el levantamiento del cadáver, entre ellos el que fue el principal sospechoso. La autopsia detectó un golpe en la cabeza pero la muerte se achacó a un infarto. Años más tarde se reabrió el caso, al tener relación con el asesinato de Andreu Buguera.

Conocido popularmente como 'Busques', Andreu Buguera fue asesinado la noche del 21 al 22 de octubre de 1993. Según las investigaciones policiales, horas antes de ser asesinado, el pastor jubilado habría estado viendo un partido de fútbol en un bar cercano a su casa y, finalizado éste, regresó a su casa en una bicicleta, momento en el que fue interceptado por uno o varios individuos, siendo golpeado en la cabeza con un objeto contundente y asestándoles posterioremente 13 puñaladas que acabaron con su vida.
Horas después, uno de los hermanos de la propia víctima fue quien descubrió el cadaver, dando aviso inmediato a la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

Su gran afición era la literatura y durante su excursión por Brasil tenía la intención de conocer los pueblos de Benjamin Constant, que lleva el nombre de un escritor francés admirado por Marc, Leticia y Atalaya do Norte. Se trata de tres localidades fronterizas entre Colombia, Brasil y Perú, y es allí donde se pierde la pista del joven mallorquín. Según explicó su padre, Juan Ramón Beltrà, quien se desplazó varias veces al Amazonas, existió constancia policial de que el 30 de noviembre salió de la capital colombiana, y que el 2 de enero pasó un control policial en Leticia, aunque añadió que es un dato poco fiable, del que no ha quedado ningún documento.

La embajada española en Colombia, la Interpol y la policía de Palma realizaron gestiones para recabar datos sobre el paradero de Marc pero no se llegó a buen puerto. Meses después se encontraron en la bajada del río en la zona de Benjamín (Brasil) sus pertenencias: una mochila, libros, el pasaporte y otros efectos personales, aunque no aparecieron ni el dinero que llevaba consigo ni la cámara fotográfica. Un responsable policial comentó su temor de que el joven pudiera haber sido atacado por delincuentes con el fin de robarle.

Los familiares tienen constancia de que cogió el barco porque así se pudo ver en las cámaras de seguridad, además su maleta quedó en el ferry. Por las cámaras también se vio que estaba con un hombre que fue detenido posteriormente. El arrestado, un indigente, fue puesto en libertad al negar en rotundo los hechos, si bien admitió haber visto al pasajero en el interior del ferry.

En los primeros días se pensó que la sudamericana había abandonado voluntariamente la Isla. Sin embargo, luego comenzaron a surgir datos sospechosos y perdió fuerza esa posibilidad. La mujer residía legalmente en España y no tenía motivos para huir. Gentes del entorno de Ozana señalaron en su momento que era una mujer «a la que no le importaba irse con quien fuera, puesto que lo único que le interesaba era hacer dinero», ya que enviaba dinero a Brasil para su familia. Sus amigas siempre le decían que tuviera cuidado con ciertos individuos que frecuentaban los prostíbulos de Inca y de Llubí, y que tenían un carácter muy irascible. Ozana, en cambio, no hacía caso a esos consejos y entre sus clientes había personajes poco recomendables.

Ozana, que estaba divorciada y tenía tres hija en Brasil, se casó en un matrimonio de conveniencia, pero ella residía con tres amigas de su misma nacionalidad, en un piso situado cerca del local de Inca donde trabajó. Su hija, Susana Maria Moura, vino a Mallorca para buscar a su madre y concedió una entrevista a Ultima Hora en septiembre de ese año. La joven se decantó por la hipótesis de que un psicópata hubiera matado o secuestrado a su madre, porque estaba convencida de que no había desaparecido por su propia voluntad.

Años después, concretamente en 1993, sus padres acudieron al programa de televisión "¿Quién sabe donde?" donde relataron los hechos y aportaron sus sospechas. Magdalena Domingo declaró que su hijo mantenía relaciones con la mujer de un árbitro mallorquín de Primera División, en clara alusión a Tomeu Riera Morro.

Según contó, quince días antes de la desaparición escuchó la confesión de su hijo y el problema que le afectaba. Tolo le dijo que tenía que dejar esas relaciones porque el esposo le había amenazado. Además, el día anterior a la desaparición, en las dependencias de la Federación, el esposo le dijo a su hijo "Tolo, ve con cuidado porque te acordarás". Los padres insistieron en que Bartolomé era un chico normal que no tenía enemigos ni una doble vida. Ante estas declaraciones, Tomeu Riera Morro se sintió totalmente aludido y puso el tema en manos de su abogado.

Meisel era conocido como "el rey de la cerveza" porque explotaba el bar Bier Köning situado en la Platja de Palma. También se dedicaba al negocio de la cría, importación y exhibición de aves exóticas. Fue en las dependencias de las aves, situado junto a la vivienda principal, donde mataron al empresario y a la empleada. Al pequeño Patrick lo mataron en primer lugar en su habitación mientras dormía con dos balazos en la cara, uno de ellos le había destrozado la cara. Los intrusos rompieron una ventana de la cocina para entrar, subieron hasta el cuarto donde se encontraba el niño. Tras matarlo utilizando una almohada para amortiguar los disparos, se dirigieron a las oficinas a pocos metros del inmueble principal. Allí fue abatido con un tiro en la nuca Manfred y posteriormente su empleada, que presentaba señales de ataduras en sus muñecas. Los tres cadáveres fueron encontradas a la mañana siguiente por otra empleada.

Problemas con los negocios

La hipótesis policial apuntó a que el objetivo de los criminales era matar a Meisel y que las otras dos víctimas fueron asesinadas para no dejar testigos. Lo curioso del caso es que los cinco perro que vigilaban la casa no atacaron ni ladraron a los intrusos. Se descartó el robo como móvil porque no hubo evidencia de la sustracción ni de objetos valioso ni de dinero y eso que el alemán guardaban varios millones en la finca. Uno de los amigos de Manfred aseguró que la víctima le había contado días antes de morir que tenía problemas con sus negocio y que le habían amenazado de muerte.
En junio de 2007 se detuvo a Seven H.M., el que fue el socio de Meisel, y fue trasladado ante el juez que le dejó en libertad sin cargos. El motivo de su arrestro fue que durante una borrachera comentó que había matado a Manfred. Además, la coartada que dio en su momento se cayó al asegurar la mujer con la que convivía en aquellas fechas que había estado con él en la noche de autos pero lo cierto es que sólo fue hasta la medianoche. Aunque hay contradicciones en ambas declaraciones, lo cierto es que no hay pruebas para implicarle en el triple crimen.

Las pesquisas apuntaron al robo como el móvil del asesinato. La víctima, viudo y sin hijos, había trabajado como maestro de la pedra en sec hasta los 70 años, apenas gastaba por lo que, al parecer, había llegado a tener unos ahorros considerables. El homicida debía conocer esa circunstancia, lo que le llevó a entrar en su casa. Las conjeturas policiales llevaron a pensar que, en un principio, el ladrón sólo pretendía apoderarse del dinero que Mateu Salas Bauzà podía guardar en su hogar; pero luego, quizás al ser sorprendido, reaccionó de forma violenta matándolo.

El objetivo de la Guardia Civil para esclarecer el caso era encontrar el arma homicida, pero las intensas búsquedas fracasaron. Después de seis años, todavía no se sabe quién pudo matar a Mateu Salas, aunque las investigaciones policiales siempre apuntaron a que seguramente se trataba de una persona que conocía a la víctima y sabía en qué lugar podía guardar su dinero.