Bauzá cambia las reglas del urbanismo y facilita construir en suelo rústico y protegidoUltima Hora Menorca

El Govern aprobó ayer un decreto ley que cambia las reglas del urbanismo en Balears, modifica leyes anteriores, cambia competencias municipales, establece una definición para lo que es urbano y urbanizable, prevé reformas en edificaciones construidas en áreas de máxima protección y abre la puerta a la construcción en suelo rústico, aunque con determinadas condiciones.

El Govern aprovecha el llamado Decreto ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que ahora será remitido al Parlament, para cambiar hasta ocho artículos de una ley del anterior Ejecutivo que establecía su modelo urbanístico. Entre los artículos que deroga, incluye el número 8, la que impedía oferta complementaria en los campos de golf.

Para el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, se trata de una medida que da más seguridad jurídica y que simplifica trámites. Para la oposición, que ayer comenzó a reaccionar, es toda una ‘declaración de guerra' que deja la puerta abierta, en Mallorca, al desarrollo de urbanizaciones paralizadas por el Plan Territorial.

Actuaciones futuras

La nueva norma, según el conseller Company, no obliga a los consistorios a adaptarse al plan territorial y, según la expresión que utilizó al presentar el proyecto, no se puede descartar que «a través de ingeniería urbanística», algún consistorio puede activar obras ahora no permitidas.

El decreto ley deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de «legalizar» urbanizaciones que ahora no lo son aunque no dispongan de todos los servicios. Por primera vez se regula la posibilidad de clasificar como urbanos asentamientos en el medio rural existentes a la entrada en vigor de este decreto.

El proyecto es de aplicación en todas las Islas y «no está pensada» para reactivar urbanizaciones como la de Es Guix aunque fue tan ambiguo al explicarlo que no descartó que alguna actuación de ayuntamiento de Escorca si pudiera ir en ese sentido.
En líneas generales, según el Govern, se trata de impulsar medidas que además de colaborar a la sostenibilidad del urbanismo, sirvan para favorecer el crecimiento económico, eliminar trabas y dar más seguridad jurídica.
Company dijo que al Ejecutivo autonómico le preocupa «muchísimo» la reclamación de 917 millones de euros por unos diez proyectos urbanísticos que contaban con todas las licencias y que fueron paralizados en la pasada legislatura, y comentó que «en función de los acontecimientos se actuará».
Desde las pasadas elecciones, el PP gobierna en todos los consells insulares, salvo en el de Formentera.