Ciutadella denuncia a la alcaldesa y al presidente del Consell ante la Fiscalía por sus 'favores' a Josep CarreteroUltima Hora Menorca

El Ajuntament de Ciutadella llevará a la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades, reconocidas y aprobadas por el propio PSOE, que la comisión del caso Son Quim imputa a la alcaldesa Pilar Carbonero, el presidente del Consell, Marc Pons, y la concejal Antònia Salord.

La comisión presidida por Joan Triay dio ayer por finalizada la investigación política con la aprobación de 67 de las 74 conclusiones presentadas, que censuran el «discrecional, decisivo e inexplicable» papel desempeñado por la alcaldesa, el anterior equipo de gobierno y el entonces conseller de Ordenació del Territori -y actual presidente insular- en la tramitación del expediente de legalización del comercio en rústico que cogestiona el diputado socialista Josep Carretero.

La investigación, que se inició a instancias del PP tras descubrir la concejal Antònia Gener que la alcaldesa había tenido retenida un año la notificación del pago de la plusvalía, cuestiona la actuación de Pilar Carbonero por la «extraordinaria demora» con que actuó. No sólo concedió el interés general a Son Quim el día después de su investidura como alcaldesa, sino que también le otorgó de inmediato la preceptiva licencia de instalación, pero tardó doce largos meses en reclamarle los 20.006 euros en cuestión.

De nada ha servido que Carbonero admitiera su «error» porque «le dio miedo firmar el decreto sólo dos días después de la toma de posesión». Su «despiste» resulta «inexplicable» para la comisión, más aún cuando, como ella misma confesó, se reunió con el propio Carretero y éste ya le advirtió que «no estaba de acuerdo con este impuesto» (aprovechamiento atípico) que el Ajuntament le pedía. Por tanto, «resulta ilógico que no enmendara su error» ya que, tras hablar con Carretero, «tuvo que percatarse necesariamente de dicho despiste».

No ha sido la única actuación sospechosa de la alcaldesa. La comisión también le reprende que este año tardara 84 días en notificar a Carretero la denegación del recurso que había interpuesto para evitar el pago de la plusvalía. El acuerdo se tomó el 1 de septiembre, pero la resolución se firmó el 4 de noviembre y no se le dio registro de salida hasta el 24 del mismo mes, curiosamente el día después que el presidente de la comisión solicitara toda la documentación relativa al recurso.

Seis años de tramitación

Pero en los presuntos 'favores' a la sociedad Carretero Comella también tuvo un papel «decisivo» el ahora presidente del Consell. Pese al informe desfavorable al interés general que emitió el Ajuntament, acabó avalando como conseller de Ordenació del Territori la «conversión» del antiguo negocio de piensos en un comercio en suelo rústico. Y lo hizo obviando la obligación exigida por la Ley del Suelo Rústico de acreditar antes la titularidad de los terrenos, el mismo requisito que el propio Marc Pons también creía «imprescindible» para las declaraciones de interés general. Tanto que llegó a recriminar al entonces gobierno del PP en Ciutadella que «muchos» expedientes quedaran «paralizados» por tener que subsanar «deficiencias documentales» como ésta.

Lo cierto, no obstante, es que el Consell dio por buena una certificación registral emitida más de 16 meses atrás y en la que «no se acreditaba propiedad ni derecho alguno de Carretero Comella SL, cuyo nombre ni siquiera aparecía en el documento aportado por la sociedad». El texto que el propio Josep Carretero presentó en el Consell resulta explícito al reseñar que «aporto lo que tengo en este momento».

El pliego de conclusiones remarca asimismo que «la voluntad política fue un factor determinante» en la concesión del interés general a Son Quim al interpretar el propio Marc Pons que el negocio del diputado de su partido «trascendía los meros intereses individuales. Tal apreciación -resalta- fue fruto de un criterio político subjetivo».

La transformación de la venta de piensos en venta de productos no alimentarios se autorizó pese a no haber sido solicitada expresamente por Carretero Comella. La concejal Antònia Salord fue la primera en 'colar' la palabra «conversión» en el enunciado de la propuesta, «desvirtuando» así el «espíritu inicial» del proyecto, que reservaba a la venta de piensos el 22% de la superficie (equivalente a 235 metros cuadrados).

Es más, la comisión ha corroborado como «en todos los informes del Consell se vincula la declaración de interés general al mantenimiento de la actividad preexistente de venta de piensos». De hecho, el «objeto» del acuerdo que tramitaba la institución era la «alteración» de la actividad anterior «sin que se produzca una transformación notable de las características y naturaleza» del negocio». El interés general se concedió en base a un proyecto eléctrico presentado por la promotora en 2004 que contemplaba en todo momento la venta de piensos. Incluso la posterior desestimación por parte del Consell del recurso interpuesto contra el interés general «confirma que se trata de la ampliación de una actividad comercial ya existente» y que el acuerdo «es para autorizar una actividad de venta al por mayor de piensos y al por menor de otros productos».

Una vez otorgado el interés general, el expediente regresó al Ajuntament que, tras dilatar notablemente la tramitación, «no halló inconveniente» en informar a favor la actividad que inicialmente había rechazado. Lo hizo en base a un informe técnico que rechazaba la posibilidad de dar marcha atrás a la declaración porque ésta ya había sido aceptada por el Consell.

La concejal Antònia Salord dio entonces un plazo improrrogable de un mes a Carretero Comella para subsanar las deficiencias detectadas pero, «lejos de considerar que el interesado había desistido de su petición, admitió una instancia presentada casi seis meses después».

El documento tuvo entrada el 28 de julio de 2008, tres días antes de que Salord y todos sus compañeros de grupo -excepto Antònia Gener- rompieran el acuerdo de gobierno con Joan Triay y se dieran de baja del PP. En él se anunciaba la eliminación de la venta de piensos, pese a que estaba «estrechamente vinculada a la concesión del interés general que había otorgado el Consell». Así que, «al eliminar uno de los pilares en que se había sustentado la declaración, ésta quedaba desvirtuada».

Esta situación dio lugar a una paradoja. El informe técnico municipal fijaba al día siguiente «una condición imposible», al ordenar «el cumplimiento del proyecto y sus anexos». El primero destinaba una superficie a la venta de piensos que el anexo registrado sólo horas antes eliminaba. A la comisión le parece «curioso» que esta «desvinculación» no fuera detectada, más aún cuando «no se cumplía una de las razones más reiteradamente invocadas en los informes del Consell para justificar la declaración de interés general: el mantenimiento de una superficie destinada a la venta de piensos».

Cuando Carbonero fue investida alcaldesa, se encontró el expediente «completamente tramitado y con todos los informes favorables». Aún así, tardó un año en requerir a Carretero el pago de los 20.006 € de plusvalía que, desde entonces, aún no ha abonado. Pese a ello, el negocio en Son Quim sigue abierto.