Marc Pons se moviliza para evitar que el recorte afecte a los 30 millones del dique de Ciutadella

El presidente del Consell de Menorca y también secretario general del PSOE insular, Marc Pons, realiza estos días numerosas gestiones con altos cargos del Gobierno central y del Govern balear para minimizar el impacto del recorte en las obras públicas financiadas con fondos estatales proyectadas en Menorca.

La gran preocupación del presidente Pons, que ha declinado efectuar declaraciones hasta conocer el alcance real del 'tijeretazo', se centra en el desvío de la carretera general en Ferreries, y la nueva zona portuaria de Son Blanc, en fase de ejecución la bahía de Ciutadella.

Tras el anuncio inicial efectuado por Rodríguez Zapatero el 12 de mayo en el Congreso de los Diputados, las dudas de los dirigentes socialistas menorquines se han acrecentado esta semana por las contundentes declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, quien ha afirmado que todas las infraestructuras en marcha sufrirán, al menos, un año de retraso y que también anulará obras en ejecución para afrontar el recorte de las inversiones.

«Vamos a posponer nuevas licitaciones, demorar plazos de finalización de obras, suspender temporalmente actuaciones e incluso anular contratos en ejecución», afirmó el miércoles el ministro Blanco durante su comparecencia en la comisión de Fomento del Congreso. Los partidos del Govern balear y el Consell de Menorca son conscientes que peligran todas las obras e inversiones financiadas con fondos estatales. En primer lugar, las incluidas en el convenio de carreteras. El equipo de gobierno del Consell de Menorca espera 'salvar' el desvío de Ferreries porque ya ha sido adjudicado a la UTE formada por Ferrovial y Concesiones y Contratas Illes Balears.

Ahora mismo se encuentran en el aire las inversiones estatutarias, entre las que aparecen los 2,3 millones para las obras de reHabilitación del Pati de Sa Lluna de Alaior, el centro de interpretación en S'Enclusa de Ferreries y la red insular de fibra óptica.

Blanco ha indicado que «puertos y aeropuertos» no se verán afectados por el recorte del Gobierno, lo que abre la puerta al optimismo para que se mantengan los 30 millones de euros, conseguidos por Francesc Antich, también con cargo a las inversiones estatutarias, para acabar las obras del dique de Son Blanc. Con esta cantidad el Govern balear espera asumir los sobrecostes por los cambios introducidos en la infraestructura y la estación marítima.

El Ejecutivo autonómico y el Consell son conscientes de que el dique de Son Blanc, infraestructuras y servicios anexos (viales, áreas de embarque y desembarque, aparcamientos y estación de pasajeros) tardará el doble del tiempo previsto inicialmente en construirse, al pasar de dos a cuatro años, y el presupuesto inicial, que ascendió a 50 millones de euros, tendrá un coste final de 80 millones por las modificaciones en los muelles para el atraque de cruceros, la ampliación del dique y la estación marítima.