«Yo creo que es momento de pedir públicamente que retiren ese recurso. Creo que una vez que se ha garantizado el acuerdo entre las dos partes esenciales, la Junta y el Estado, carece de sentido tener un recurso por parte de los diputados», ha remarcado Carazo en una entrevista con Europa Press.
La consejera se refería así al último fleco para dar por concluida la controversia jurídica en torno a Lista, una norma aprobada en el Parlamento andaluz a finales de 2021 y sobre la que expusieron dudas tanto el Gobierno como medio centenar de diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, que presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite en marzo.
En el caso del Ejecutivo no se llegó a ese extremo porque ambas partes llegaron a un acuerdo anunciado la semana pasada que evita el recurso que se planteaba presentar contra 42 artículos y una Disposición Adicional y otra Final de la Ley. En concreto el consenso se logró en el marco del grupo de trabajo que crearon ambas administraciones dentro de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.
«Lo dijimos desde el principio: la Lista ni invadía competencias de otras administraciones ni iba en contra de competencias del Estado y así se ha demostrado en una reunión jurídica, técnica», ha subrayado Carazo, quien ha defendido que si el Estado no ve procedente recurrir al Constitucional, «carece de sentido» que se mantenga el recurso impulsado por diputados de Unidas Podemos «y los nacionalistas con los que se asociaron, de otras comunidades autónomas, que desconocen Andalucía».
«Una vez que se ha acordado que la ley se ajusta a norma, carece de sentido que un grupo de diputados siga poniendo en cuestión esta ley. Es momento de anunciar su retirada, pensar en Andalucía y contribuir al desarrollo de Andalucía», ha insistido la consejera, apuntando que la norma ya contaba con informe favorable del consejo consultivo y los servicios jurídicos de la Junta.
«Se ha puesto de manifiesto que la ley es plenamente constitucional», ha señalado, para dirigirse específicamente a los miembros de Unidas Podemos en Andalucía, que se engloban en la marca Por Andalucía, e indicarles que alrededor de un centenar de ayuntamientos, «algunos de Izquierda Unida» buscan impulsar nuevos planes generales de ordenamiento de suelo con Lista.
Superado el escollo con el Gobierno, ahora se trabaja para aprobar el reglamento de Lista, algo que Carazo confía se consiga el próximo octubre. Al respecto, ha remarcado que la anterior ley de suelo andaluza, de 2002, «no contaba con desarrollo reglamentario, veinte años después», un argumento que ha remarcado para poner en valor que Lista vaya a hacerlo «con gran consenso y en tiempo récord».
Se trata, ha señalado, de «dar seguridad jurídica» y pavimentar «un camino seguro para favorecer la inversión y un desarrollo que tiene que ser sostenible de nuestras ciudades, nuestros municipios y también del medio rural», evitando situaciones, ha ejemplificado, como las vividas en el pasado en consistorios como los de Chiclana o Marbella, donde «los tribunales han tumbado» sus planes generales de ordenación del territorio.
La confianza con respecto al papel que la norma desempeñe en ese objetivo es total desde la Junta. «Esta ley apuesta también por los municipios más pequeños de Andalucía, y por ese medio rural que nos tiene que ayudar también al desarrollo de la comunidad, y que debe contar con oportunidades para asentar población y ofrecer a los más jóvenes vivir en nuestros pueblos, en los pueblos de interior que tienen que acompañar ese crecimiento de Andalucía y su desarrollo», ha concluido.
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