Una interventora de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha cuestionado los contratos de alta dirección efectuados en Divalterra y ha concluido: «En realidad se quiso coger a unos señores predeterminados y darles un puesto de trabajo de alta dirección».
La interventora ha ratificado este viernes sus informes ante el tribunal de València que juzga el caso Alquería, relativo a contratos presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís. Entre los 14 acusados en el procedimiento se encuentra el expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.
La perito ha aseverado que con las contrataciones de alta dirección en 2015 y 2018 en Divalterra «se intentó dar una apariencia de legalidad» a los contratados. A su entender, «si hubieran sido contratos sujetos a la legislación laboral, se hubiera tenido que abrir un proceso de selección, publicarse el anuncio... Y, sin embargo, se usa la figura de alta dirección para darles directamente el puesto de trabajo», ha mantenido.
En esta línea, ha aseverado que los contratados en esta modalidad no tenían competencias en materia de personal, financiera ni para representar a la sociedad frente a terceros. Por tanto, estima que no había evidencia de que los acusados hubieran realizado funciones de alta dirección en Divalterra.
Sobre la modalidad de estos contratos, la perito ha explicado que con la formalización de siete contratos de alta dirección en Divalterra en 2015 se vulneraron varios artículos del Estatuto del Empleo Público o de los propios estatutos de la sociedad.
«No existía expediente de contratación --ha añadido--, o al menos no nos lo trasladaron, y no estaba motivada la necesidad de estos altos cargos, sus funciones o si se cumplían los requisitos».
A su entender, se incumplía el principio de igualdad, puesto que ninguna otra persona que no fueran los altos directivos podían optar a presentarse al puesto de trabajo; y también considera que se incumplían los principios de mérito y capacidad ya que no se motivaron las funciones a desarrollar ni los requisitos para ejercer los cargos.
Además, ha advertido de que en ninguna acta del Consejo de Administración figuraba la contratación «de estos señores». En los contratos de 2018, sin embargo, sí aparecían, ha especificado.
Otros peritos de las defensas que también han comparecido este viernes en el juicio han coincidido con la perito de la IGAE en que no se aplicaron estos criterios pero han diferido en la aplicación de criterios de publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y agilidad.
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