El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, al firmar el acuerdo de Presupuestos para 2023 | DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

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El Govern y los comuns han pactado este miércoles un plan de choque social de 555 millones de euros para los Presupuestos de 2023 y una subida de 279 millones a la dotación presupuestaria del ámbito asistencial de la sanidad, con el objetivo de «conseguir que el 25% del presupuesto de ámbito sanitario se destine a la atención primaria».

El plan de choque que contempla el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, contiene medidas como actualizar el índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) en un 8%, hasta los 615 millones de euros mensuales, así como destinar 50,7 millones a extender las bonificaciones del transporte público en 2023, destinar un millón de euros a extender la gratuidad de la T-16 y ampliar la T-Jove a los 30 años.

En el ámbito sanitario, uno de los escollos en las negociaciones con los comuns, ambas partes han logrado acordar el incremento de 279 millones en atención primaria, lo que «representa un aumento del 15,3% respecto a 2022», de los cuales se destinarán 100 millones a un plan de mejora a la accesibilidad a los equipos de atención primaria.

El pacto contempla 20 millones de euros a «consolidar las medidas de apoyo» en salud mental para jóvenes, y 40,8 para desplegar la ley de salud bucodental, con la contratación de higienistas hasta llegar a los 365 y reforzar la dotación de odontólogos en la atención primaria.

No modifican el irpf

En materia fiscal, el pacto no incluye la subida del tramo autonómico de IRPF como reclamaban los comuns, pero sí contempla impulsar la creación de un impuesto a los cruceros, así como el impuesto a los alimentos ultraprocesados, que ya se incluyó en el pacto presupuestario entre Govern y comuns de 2022.

También cuenta con un incremento del 33% de la tarifa del impuesto de viviendas vacías, y «realizar los ajustes necesarios a la tarifa del impuesto sobre el patrimonio con el objetivo de que incorpore nuevas tarifas para los grandes patrimonios» ajustadas a las que se deriven del impuesto estatal de grandes fortunas, lo que supondrá aumentar en 12 millones la recaudación de la Generalitat, según el texto del acuerdo.

En cuanto a vivienda, han pactado destinar 87,6 millones a ayudas al alquiler, dentro del plan de choque, y 180 millones para ampliar el parque público de vivienda, a través de la adquisición de 1.500 viviendas vacías en manos de la Sareb y entidades financieras y el incremento de 5 millones para la promoción directa de viviendas, con el objetivo de alcanzar 500 viviendas de alquiler accesible en 2023.

Han acordado iniciar las actuaciones para facilitar la construcción de 900 viviendas de promoción delegada en 2023, y en 2024 poner en marcha la construcción de 900 viviendas adicionales, así como facilitar la construcción de 200 casas con fórmulas de covivienda.

En materia energética, el acuerdo contempla 246 millones para incorporar medidas y dotaciones para transformar el modelo energético catalán; destinar 25 millones a poner en marcha la energética pública catalana y que sea comercializadora, y 180 millones a la aceleración de instalación de fuentes de energía renovable de autoconsumo.

Dentro del apartado de movilidad, han acordado continuar con el despliegue de los tenes tram: culminar la ejecución del tren tranvía del Camp de Tarragona, iniciar los trabajos para poder ejecutar trenes tram en el Bages e iniciar la segunda fase del tren tram del Camp de Tarragona hasta el Aeropuerto de Reus.

También quieren destinar 200.000 euros a estudiar la viabilidad de creación de una red catalana de alta velocidad utilizando las infraestructuras existentes para las líneas Lleida-Figueres y Tortosa-Tarragona.

Para el control de cumplimiento del acuerdo, ambas partes se han comprometido a reunirse como mínimo una vez al trimestre durante el periodo de ejecución presupuestaria y al final del ejercicio, para evaluar la ejecución, y el Govern se ha comprometido a hacer un seguimiento cuantitativo y cualitativo de cada medida y detallar el porcentaje de ejecución de cada una.