Concentración de los letrados de Administración de Justicia en Sevilla | FRANCISCO OLMO/EUROPA PRESS

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La huelga indefinida convocada desde el pasado 24 de enero entre los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha supuesto, hasta este pasado lunes, un total de 34.120 juicios y actuaciones suspendidas en toda Andalucía, así como 17.010 demandas pendientes de recibir curso, unos 49.090 escritos sin proveer, 451 lanzamientos, embargos, desahucios y remociones de depósitos paralizados, más de 700.000 actos de comunicación sin practicar, 1.790 expedientes del Registro Civil suspendidos y más de 64 millones de euros «inmovilizados» como depósitos judiciales, según los convocantes, que defienden que el paro técnico está alcanzando un seguimiento medio del 75 por ciento en la región, mientras el Gobierno esgrime cifras de participaciones menores.

El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas» a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la Ley 13/2009, «e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que según el colectivo ha provocado un «insoportable desequilibrio».

La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, para que «las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».

Las entidades convocantes, así, señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

Pero el Gobierno central asegura por su parte que merced a dicho acuerdo de 2021, este colectivo veía el pasado mes de enero «un incremento de complementos de 206,87 euros» por persona.