Trabajadoras de residencias de Bizkaia han anunciado la convocatoria de 6 nuevos días de huelga, del 15 al 20 de mayo, para denunciar sus actuales ratios y realizar un ayuno por turnos para socializar su propuesta de unas condiciones laborales «dignas».
Convocadas por el sindicato LAB, las trabajadoras de residencias han concluido este miércoles tres jornadas de huelga para exigir a Diputación foral y patronales la equiparación de sus condiciones laborales a las empleadas públicas dependientes del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) y criticar la «nula voluntad» para la negociación y para desbloquear la mesa del convenio sectorial de las patronales del sector, LARES y GESCA.
Las movilizaciones arrancaron en marzo y, en esta segunda tanda de paros iniciada el lunes, han llevado a cabo un simbólico calvario en forma de procesión.
Durante esta última jornada, se han manifestado en Bilbao desde la sede del Gobierno Vasco hasta el Palacio Foral, donde han concluido la marcha con una concentración.
A lo largo de estos tres días, han recorrido a pie diferentes sedes de las diferentes patronales e instituciones a las que consideran «culpables de la situación que están viviendo y de la cual son responsables».
Con el calendario de huelgas de mayo, culminarán estos 10 nuevos días de huelga en los que las trabajadoras están exigiendo a la Diputación de Bizkaia «un nuevo modelo de gestión y prestación de los cuidados que conlleve también la equiparación de las condiciones laborales con las del IFAS».
Por su parte, desde el sindicato LAB han denunciado que el modelo actual de privatización «maltrata a los residentes, a los que no se ofrecen cuidados de calidad, y a las trabajadoras, cuyas condiciones laborales precarizan».
Según ha explicado la central sindical en un comunicado, «la situación de más de 5.000 trabajadoras no ha hecho más que empeorar», por lo que han trasladado al diputado de Acción Social, Sergio Murillo, y a las empresas del sector, que están «hartas de este calvario» y de que «se haga negocio con la dignidad de las personas mayores y con sus condiciones laborales».
Por todo ello, recalcan desde LAB que van a seguir «hasta conseguir materializar sus reivindicaciones», entre las que exigen «dar pasos reales hacia la equiparación salarial con IFAS, ya que cobran alrededor de un 50% menos que una trabajadora pública que realiza su mismo trabajo».
También piden recuperar el poder adquisitivo perdido por el alza del IPC, que fijan en 300 euros mensuales, y medidas para afrontar los últimos años de su vida laboral a partir de los 55 años con reducciones compensadas, permisos retribuidos y adaptaciones del puesto de trabajo.
Entre sus demandas, plantean complementos de baja al 100%, sustituciones de las bajas desde el primer día, medidas «reales» sobre salud laboral, entre otras sobre los riesgos psicosociales y que se establezcan ratios que garanticen la dignidad de las personas cuidadas y de las trabajadoras.
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