Los jueces y juezas de la Comunitat Valenciana concluyeron en el primer trimestre del año un procedimiento por corrupción, en el que se dictó auto de apertura de juicio oral o procesamiento contra ocho personas (todas físicas, ninguna jurídica). Asimismo, dictaron dos sentencias condenatorias, una de ellas por conformidad, según el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año.
En el conjunto del país, los jueces y juezas españoles concluyeron en este periodo un total de nueve procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 119 personas (85 físicas y 34 jurídicas), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Entre enero y marzo dictaron 15 sentencias.
La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, «entendiendo que es esta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía», señala el CGPJ. Los procedimientos judiciales recogidos en este repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y abarcan tanto la corrupción administrativa como la política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (428, 429 y 430), malversación (432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (303).
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los juzgados y tribunales dictaron 15 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción --dos en la Comunitat Valenciana--. De ellas, 10 fueron total o parcialmente condenatorias y 5, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en dos de cada tres (66,66 %) de los casos.
Imelsa
En el primer trimestre de este año se hizo pública la sentencia por el primer juicio por la macrocausa de Imelsa: la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a siete años y diez meses de prisión al que fuera gerente de la extinta empresa pública de la Diputación provincial y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica.
En esta pieza se juzgaron irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el 'yonki del dinero' era titular del 40% de forma encubierta. También se juzgaba un presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008.
En este apartado, la sala absolvió a todos los procesados de un delito de malversación de caudales públicos: Benavent; el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat; el exalcalde de Moncada con el PP y exvicepresidente de la corporación provincial, Juan José Medina, para quien el ministerio fiscal pedía cinco años de cárcel, y al PP como responsable civil subsidiario.
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