El presunto fraude de unos 1,2 millones de euros se destapó al estar incluida en el sumario relativo al caso por el que se sentarán en el banquillo de los acusados Luis Medina y Alberto Luceño. En este asunto, la estafa fue denunciada por la Policía Municipal de Madrid en julio de 2021 tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos.
Elena Collado, entonces responsable de compras de material sanitario, gestionó el contrato, al igual que hizo con otras tantas operaciones de emergencia con proveedores para traer guantes y mascarillas en la peor época del Covid. En su anterior declaración, manifestó que los contratos de emergencias estaban amparados por la ley con motivo de la situación de crisis que se estaba viviendo por la pandemia.
La intermediaria de la venta fue la administradora de la mercantil Aifos, Araceli V., quien ya ha testificado en la causa. La compra a un proveedor de Nueva York fue aprobada el 24 de marzo de 2020. Una vez llegaron, se detectaron diversas irregularidades.
Durante su comparecencia, que ha durado apenas una hora, se le ha preguntado acerca de cómo se hizo el contrato con la empresa Sinclair and Wilde, cuyo propietario e investigado en la causa se encuentra en paradero desconocido. Este extremo llevará previsiblemente al archivo de las actuaciones.
De hecho, la causa ya se sobreseyó por ausencia de autor conocido pero se reabrió como consecuencia de un informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022 se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra. Pero sigue estando ilocalizable.
La jueza investiga en el procedimiento si hay estafa en el citado contrato, ya que el medio millón de mascarillas FPP2 que llegaron de este proveedor americano no tenían los certificados pertinentes. Los cubrebocas no pudieron ser utilizados y el dinero no fue devuelto al Ayuntamiento.
En su declaración, la jefa de compras ha asumido, como ya hizo en su comparecencia en la otra causa, su responsabilidad en la gestión de este contrato, indicando que siempre actuaba con el beneplácito del Ayuntamiento.
Según las mismas fuentes, Collado habría señalado que no recordaba cómo le llegó el nombre de Araceli ni los correos relativos a esta operación. Aunque sí ha comentado que la administradora de Aifos hizo más operaciones con el Gobierno municipal, saliendo solo ésta mal.
Asimismo, la alta cargo municipal ha indicado a preguntas de los abogados y la fiscal que no acreditaron «nada» de la documentación de las mascarillas hasta que llegaron ni si eran fiables. La documentación sería relativa a si cumplían con certificaciones y con la normativa vigente.
Más señalamientos
La jueza también ha citado para el próximo 20 de julio al director general de Emergencias del Consistorio madrileño, Enrique López, quien figura como denunciante en la documentación que obra en autos y manifestó que las mascarillas habían sido analizadas por personal responsable.
Ese día también se ha citado al intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, Jesús María García, que firmó el atestado previo a la denuncia por parte del Ayuntamiento, así como al agente de este cuerpo autor del mismo.
En abril de 2022, la Policía Judicial informó al juez de la identificación de un posible autor de la presunta estafa en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño.
Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.
Informe policial
El procedimiento tiene su origen en el sumario de la causa contra Luis Medina y Alberto Luceño, ya procesados y pendientes de ir a juicio, incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa.
Dicho informe alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».
Al parecer, el juez abrió unas diligencias pero el 19 de julio de 2022 procedió a su archivo ante la falta de autor conocido ante el paradero desconocido del dueño de la citada consultora.
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