La consejera municipal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós. | Europa Press - EUROPA PRESS

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El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de servicios sociales, ha concedido 24.069 ayudas de urgencia, por valor de 7.610.923 euros, a 10.986 familias de la ciudad, durante el primer semestre de 2023, lo que supone un 17 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha destacado, en rueda de prensa, el «esfuerzo presupuestario» realizado «para proteger a la población más vulnerable ante la complicada situación económica que viven muchas familias en España, como consecuencia de la subida de los precios, de las hipotecas y los alquileres».

Orós ha señalado: «Hemos invertido más de un millón de euros al mes en ayudar a las personas, un récord en el registro histórico». Ha explicado que esto significa que en Zaragoza «hay más familias que pasan serias dificultades para afrontar las necesidades básicas y vitales; y que el Ayuntamiento es la institución que más esfuerzos invierte en garantizar la protección social de los más vulnerables».

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, 10.986 familias en Zaragoza han recibido alguna prestación, lo que significa un aumento de 1.037 beneficiarios más que en el primer semestre de 2022, un 10 por ciento más. La media es de 2,2 ayudas por familia.

Con respecto al perfil de los solicitantes, ha precisado que es «muy variado», aunque en general responde a familias con dos, tres o más hijos.

Alimentación, principal concepto

El principal concepto es el de alimentación, con 17.594 prestaciones concedidas, por un importe total de 4.547.652 euros. Esta cifra revela que son un 11,8 por ciento más de ayudas que en 2022, pero su coste se incrementa en un 25,7 por ciento, debido al alza de la cesta de la compra. De hecho, el importe medio de las ayudas de alimentación se sitúa en 258,48, mientras que en 2022 era de 229,72 euros.

En segundo lugar está el alquiler, con 3.173 ayudas concedidas, un volumen casi idéntico a 2022, aunque la cuantía media se ha elevado en un 6 por ciento, pasando de 527 a 560 euros. Por detrás, se encuentran los subsidios de electricidad, que han bajado su demanda en un 33 por ciento con respecto al año pasado. En 2023, los servicios sociales municipales han destinado 146.052 euros para atender un total de 1.201 solicitudes.

También hay ayudas para cubrir necesidades básicas de la población vulnerable, como las 558 destinadas a comedor escolar, las 491 para gas, 340 para salud bucodental, 246 para gastos de óptica o 251 para electrodomésticos.

«No solamente hemos ampliado el número de beneficiaros que se han podido acoger a estas prestaciones, sino que también hemos aumentado las cantidades en un momento complicado para muchas familias», ha considerado la responsable municipal de Políticas Sociales.

Lentitud en otras administraciones

Orós ha recordado que el Gobierno municipal fue «previsor» con la dotación de una partida de 15,4 millones de euros para 2023, la más alta que ha tenido nunca el presupuesto municipal para este fin.

«Las familias son lo primero para nuestro Gobierno municipal. Estamos y estaremos cuando no lleguen a cubrir sus necesidades básicas como son comer o pagar el alquiler», ha apuntado.

Asimismo, ha incidido en que estas partidas son «puntuales, extraordinarias y subsidiarias o complementarias de otras que corresponden a otras administraciones», como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que depende del Gobierno de España, o la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), responsabilidad del Ejecutivo autonómico.

En este punto, ha criticado que estas prestaciones, que dependen de otras Administraciones, «van demasiado lentas», detallando que el IMV «solo llega a una de cada cuatro familias aragonesas». Del mismo modo, ha reprobado «la burocracia» ha ralentizado su concesión.

«La PACIMV ha tenido muy corto alcance porque tasaba demasiado a las familias», ha manifestado, para después expresar que si el número de unidades familiares vulnerables se incrementa y las ayudas estatales y autonómicas no cuentan con «la rapidez y solvencia necesarias», eso hace que se soliciten más ayudas de urgencia, porque es «lo primero a lo que recurren».