El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha presentado el proyecto en el Edificio Pignatelli. | DGA.

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El Gobierno de Aragón ha dejado tramitada la adjudicación del futuro complejo residencial para mayores del distrito zaragozano de Valdefierro, que construirá la UTE Dragados-PAPSA y cuyo periodo de ejecución es de 24 meses.

El jefe del Ejecutivo en funciones, Javier Lambán, ha expuesto que el Gobierno ha destinado 52 millones de fondos europeos a equipamientos para mayores, de los que 25 se destinan a esta residencia de Valdefierro, «novedosa desde cualquier punto de vista y que obedece a los criterios del nuevo Plan del Mayor», que contempla una inversión, en toda la Comunidad Autónoma, de más de 400 millones de euros para fomentar «una nueva manera de entender la atención a los mayores, más personalizada, con una actitud participativa».

El nuevo complejo residencial tendrá cien plazas, 47 viviendas para mayores, 13 para jóvenes y un centro de día de 50 plazas, «creando una especie de ecosistema urbano favorable a ese concepto de nueva actitud de la Administración ante las personas mayores».

Lambán ha comentado que la licitación de la obra quedó desierta inicialmente y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales eliminó del proyecto una cafetería y un centro polivalente, llevando a término la adjudicación posteriormente.

«Nos vamos a ir sin esa espinita clavada, satisfechos y en disposición de explicar en Valdefierro que hemos cumplido los compromisos con ellos», ha continuado Lambán, indicando que los vecinos han defendido el proyecto «con uñas y dientes, con tenacidad e inteligencia» y que la demolición del antiguo edificio 'El Buen Pastor' «les ha producido una notable satisfacción».

Proyecto innovador

El arquitecto del Departamento de Ciudadanía, Emilio Faci, ha explicado que este es «un proyecto innovador, que sigue el modelo europeo», integrando el centro residencial en el barrio.

Los edificios se dispondrán de manera ordenada, conforme a un recorrido de calles y plazas, con una zona de huertos, y la residencia tendrá un edificio de 12.000 metros cuadrados, con un centro de día, habitaciones, despachos para los profesionales, un aula de formación. «No es una residencia tradicional».

También habrá un edificio de viviendas con corrala «para que las personas puedan convivir» y otro edificio, enfrente, para jóvenes, con cinco locales y, en otro espacio, más adelante habrá una cafetería, un edificio de usos culturales y varias salas polivalentes.

La consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, ha manifestado que los vecinos del barrio «siempre han reivindicado un proyecto público en ese espacio». Por otra parte, Broto ha comentado que este martes se ha publicado la convocatoria del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para servicios sociales, destinado a Ayuntamientos y entidades sociales de la provincia de Teruel.

Atención a la dependencia

Desde el Gobierno de Aragón han comunicado, además, que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha vuelto a batir el récord histórico de personas dependientes atendidas, alcanzado las 38.821 a fecha de 30 de junio de 2023 y reduciendo la cifra de ciudadanos pendientes de PIA (Programa Individual de Atención), el denominado 'limbo' de la dependencia, a 1.555 personas.

Desde 2015, se ha incrementado en 23.000 el número de dependientes atendidos y las personas en lista de espera han pasado de 14.000 a 1.555, ha informado el Gobierno de Aragón.

Además, se ha apostado por la simplificación y agilización de los trámites, la flexibilización de las posibilidades de intervención, la tramitación de forma telemática y la reducción de la documentación requerida, entre otras cosas.

Uno de los principales avances llevados a cabo en esta legislatura y que ha supuesto una mejora cualitativa del sistema ha sido la aprobación el pasado mes de marzo de la Orden que modifica la que regulaba los servicios y prestaciones (2013) y la propia Orden de procedimiento.

Entre las medidas más importantes recogidas en esta Orden destacan aquellas que favorecen la desburocratización del sistema; el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones para las personas con menos recursos económicos; la posibilidad de que las personas con grado I de dependencia puedan acceder al servicio de residencia; la creación de nuevas prestaciones vinculadas al servicio, y la compatibilidad de ciertos servicios y prestaciones (favoreciendo la permanencia de la persona en su domicilio con 'paquetes integrados de servicios'.