En este sentido, ha lamentado la «demagogia de un partido que va a obligar a los zaragozanos a asumir un nuevo tributo después de haber colocado a Zaragoza como la ciudad más endeudada de España, meter 225 millones de euros de facturas en los cajones por servicios impagados y dejar decenas de millones de euros de sentencias judiciales sin abonar».
El equipo de gobierno se ha pronunciado así después de que la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, haya criticado las «infradotaciones» del presupuesto de la ciudad en 2023, para «maquillar» las cuentas y presentarlas como «expansivas, inversoras y transformadoras», si bien, «al final, hay inejecución de muchas partidas» y se hace necesario modificar otras para incrementar su dotación y «atender obligaciones legales», refiriéndose así a la modificación presupuestaria aprobada el pasado 28 de julio por parte del Gobierno de Zaragoza.
Por su parte, el Gobierno Municipal ha señalado que las partidas utilizadas para pagar los costes generados por el citado impuesto y otros gastos extraordinarios, como el incremento del precio del agua de Yesa, «son partidas que no se gastarán en este ejercicio», siendo un procedimiento habitual el Ayuntamiento de Zaragoza y en otras instituciones, como el Gobierno de Aragón o el Gobierno de España, «donde cada año se mueven cientos de millones de euros en modificaciones presupuestarias».
Sobre las subvenciones de las Juntas Municipales, fuentes municipales han lamentado el «desconocimiento absoluto del PSOE puesto que se han introducido mejoras para simplificar y agilizar el procedimiento».
Entre estas novedades, y a instancias de la Intervención Municipal, «se ha limitado el importe máximo de los proyectos presentados para garantizar que puedan llevarse a cabo y beneficiar a las entidades». Esta convocatoria está dotada con un presupuesto de 676.630 euros, han recordado desde el Gobierno de la ciudad.
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