El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha descartado este lunes que pueda haber algún tipo de rechazo o impedimento por parte de la Unión Europea o del propio Gobierno de España a los planes del Gobierno andaluz, que anunció la semana pasada, de adquirir 7.500 hectáreas de la finca Veta La Palma en la provincia de Sevilla y con ello ampliar el Parque Nacional de Doñana.
«A esto no se le puede decir que no», ha afirmado Sanz, convencido de que es «una propuesta que no puede tener el no de nadie, salvo que alguien quiera hacer demagogia», durante su intervención en Sevilla en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, organizados en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper.
Cuestionado por una posible negativa o reticencia de la Unión Europea a aportar fondos suyos para consumar la adquisición de esas 7.500 hectáreas, cuyo coste cifró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en 70 millones de euros y para la que se necesitan recursos del presupuestario comunitario, por la tramitación de la Proposición de Ley de ordenación de regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, Sanz ha replicado que «sería inaudito», para proseguir considerando que «no lo creo» con la perspectiva de que «no tiene nada que ver lo uno con lo otro».
La compra de esas 7.500 hectáreas de una antigua piscifactoría ya cerrada entraña, a juicio del consejero de la Presidencia, la oportunidad de crear «un nuevo pulmón» y avanzar en «la protección de uno de los mayores humedales», convencido de la contribución de esta medida a «oxigenar la situación» que afronta el Parque de Doñana, acuciado como está por los efectos de la sequía, además de por la agricultura en el entorno.
El titular de la Consejería de la Presidencia ha defendido que el Gobierno andaluz «sigue dando soluciones a los problemas de Doñana», con la perspectiva de que «algunos de ellos estaban enquistados», mientras que ha esgrimido la compra de Veta La Palma como «la única manera de evitar un duro golpe al Parque Nacional de Doñana», por cuanto sería la vía para impedir que «las más de 3.500 hectáreas que actualmente están inundadas de manera artificial se sequen por el cierre de las piscifactorías».
Sanz ha blandido que esta iniciativa de la Junta de Andalucía supone «el hito ambiental más importante para Doñana» desde que se amplió el Parque en 1978, además de remarcar que este proyecto supone ampliar un 14% la superficie del Parque Nacional de Doñana.
Con la premisa de que los pasos que está dando el Gobierno andaluz con Doñana, como la conversión en su entorno de fincas que hoy son forestales para que se conviertan en suelos agrícolas regables con aguas superficiales a través de la Proposición de Ley, cuya ponencia final aprueba este martes la Comisión de Fomento, cuentan con el respaldo de que «los ciudadanos lo han dicho, déjense de demagogia», Sanz ha explicado que «la ley no ha sido aprobada», mientras que ha defendido su contribución para acabar con las extracciones de agua subterránea para reemplazarlas por aguas superficiales.
«Lo demás son mentiras», ha afirmado Sanz, quien ha recordado que el cierre de los pozos ilegales en el entorno de Doñana «es competencia del Gobierno», antes de recriminarle al Ejecutivo de la Nación que no haya ejecutado infraestructuras hídricas.
«No ha hecho ni una sola obra», ha defendido Sanz, quien ha reclamado en este sentido obras como el trasvase de casi 20 hectómetros cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras, el desdoble del Túnel de San Silvestre, o la presa de Alcolea.
Sanz ha contrapuesto las 7.500 hectáreas que supondría incorporar Veta la Palma a las 700 hectáreas que se pretenden regular con la Proposición de Ley, antes de recordar que esos suelos que serían regables se encuentran a 30 kilómetros del Parque, para cuestionarse que «la líen como la están liando», en referencia a las críticas de la oposición.
Sobre la tramitación de la ponencia de la Proposición de Ley de Regadíos, ha recriminado particularmente al PSOE sus cambios de posición y el hecho de que «no ha presentado ni una sola enmienda» tras remarcar que «un partido que quiere ser alternativa tiene que plantear enmiendas», así como al Gobierno su renuencia a sentarse con la Junta de Andalucía para lamentarse de que «hemos pedido reuniones y contactos al Gobierno de todas las formas posibles».
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