Este mismo miércoles, día 20, tres portavoces de la plataforma 'Yo defiendo este árbol' y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) se reunirán con representantes de diferentes grupos políticos y de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión Europea.
Unos encuentros en los que denunciarán el daño para el medioambiente y la salud pública que van a suponer las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro y las 676 talas de árboles contempladas en la ampliación del tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal y el cambio de ubicación de la estación 'Madrid Río' al interior del Parque de la Argazuela.
Además, el jueves llevarán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición para la apertura de una investigación tras haber presentado recientemente una denuncia ante el BEI por una serie de irregularidades en el uso del préstamo destinado a sufragar las obras y que, según sostienen, contraviene los objetivos medioambientales de la Unión Europea.
Y lo hace en opinión de los vecinos al no respetar la normativa europea que exige que, como consecuencia de las obras, «no se produzcan o aumenten los efectos adversos para las condiciones climáticas actuales y previstas en el futuro».
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera «legítimo» que los vecinos viajen a Bruselas a denunciar la afección al arbolado a causa de la Línea 11 de Metro, aunque ha insistido en que también se podrían quejar de la tala de árboles que ha pedido el Gobierno de España por las obras de Atocha. La Comunidad de Madrid, por su parte, defiende su modificación de la ampliación de la L11 para que se «minimicen» los árboles afectados.
Denuncia ante el bei
En concreto, la plataforma 'Yo defiendo este árbol' y la FRAVM denuncian en su escrito que la documentación remitida al BEI por la Comunidad de Madrid para la solicitud del préstamo y que figura en la web de dicha entidad no se ajusta «al proyecto de construcción ni a la documentación que ha servido de base para la adjudicación del contrato de obras».
«Y lo más grave es que, en el momento de iniciarse la tramitación del préstamo (abril de 2022) según consta en la web del BEI como fecha de lanzamiento, el Gobierno regional ya sabía que el proyecto de construcción, aprobado en noviembre de 2021, no respetaba la Declaración de Impacto Ambiental», según se señala en la denuncia.
Pese a ello, según las organizaciones vecinales, la Comunidad de Madrid remitió al BEI «a sabiendas» una documentación que contemplaba una afectación medioambiental «mucho menor que la real».
En este sentido, desde las asociaciones vecinales explican que por ejemplo, la documentación remitida preveía la tala de 79 árboles y el proyecto que se va a ejecutar pretende destruir 676, además de indicar que iban a verse afectadas 9.624,60 metros cuadrados de zonas verdes cuando son 48.170,00 metros cuadrados.
«De nada vale »vender« que con la nueva línea de Metro van a circular menos coches y se van a emitir menos gases si, para ello, se destruye una gran cantidad de árboles que, no solo sirven para captar y depurar esos gases nocivos, sino que, además, aportan otros muchos beneficios a la ciudadanía como rebaja de la temperatura, efectos psicológicos de las zonas verdes, lugares de encuentro, etc», sostienen los vecinos sobre la destrucción de centenares de árboles maduros a todo lo largo del trazado.
Además, en la denuncia se advierte que la destrucción de conjuntos arbóreos en varios puntos del trazado «afectaría a lugares que gozan de protección urbanística especial y son parte del patrimonio mundial, como el Paisaje de la Luz. Y acusa a la Comunidad de »falsear planos de instalaciones con el fin de justificar la elección de una alternativa de trazado que no es la que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental".
En este sentido, desde los denunciantes se recalca en el escrito que existen alternativas para ampliar la Línea 11 de Metros «sin sacrificar innecesariamente el patrimonio natural y cultural de Madrid».
En un comunicado, los vecinos han incidido en la defensa de la necesidad de «avanzar en la movilidad sostenible» y agradecen al BEI que impulse nuevos proyectos con la financiación de la Unión Europea pero, al mismo tiempo, exigen «que cualquier sacrificio sea evaluado, informado y mitigado, cumpliendo las normas medioambientales y sociales del propio BEI, que garantizan que el patrimonio natural y cultural de Madrid no sea la principal víctima».
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