La Audiencia de Sevilla ha iniciado este viernes el juicio promovido contra el joven acusado de matar y descuartizar en Estepa en junio de 2021 a la joven de 17 años vecina de Martín de la Jara Rocío Caíz, con la que había mantenido una relación sentimental, marco en el cual la familia de la víctima atribuye al inculpado presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones, agresión sexual, asesinato, contra el respeto a los difuntos, de suplantación de identidad y de daños, reclamando entre otras penas la de prisión permanente revisable.
Según la Fiscalía, el acusado, identificado como N.A., de nacionalidad rumana y de 25 años de edad actualmente, mantuvo una relación sentimental con convivencia con la víctima, la joven Rocío Caíz, fruto de la cual tenían un hijo en común, añadiendo que, durante la relación, fijaron su lugar de residencia en Estepa, si bien al finalizar dicha relación, la fallecida trasladó su domicilio junto a sus padres en el municipio de Martín de la Jara, de donde era natural.
Sobre las 19,50 horas del día 2 de junio de 2021, según la Fiscalía, la víctima mantuvo un encuentro con el acusado en la vivienda que había sido el domicilio familiar en Estepa, en la calle Villa Blanca, para acordar la entrega del dinero referente a la pensión de alimentos del hijo menor en común.
Estrangulamiento con un cordón
Allí se habría originado una discusión entre ambos por la negativa de la fallecida a retomar la relación, en el transcurso de la cual el acusado, «haciendo uso de un cordón de pantalón, y tras colocarse detrás» de la menor, «rodeó el cuello de ésta con el citado cordón, y con ánimo de acabar con su vida, hizo presión constante en el mismo hasta que el cuerpo» de su ex pareja «se desvaneció», causando la muerte de la misma por estrangulamiento.
La Fiscalía agrega que, posteriormente, el acusado, «con ánimo de ocultar el cadáver e imposibilitar su identificación en caso de ser hallado, desnudó el cuerpo y, haciendo uso de dos cuchillos, procedió a descuartizar el mismo, guardando los restos desmembrados en bolsas de plástico que durante los días posteriores fue esparciendo en diferentes zonas» de Estepa.
Por eso, la Fiscalía reclama para él 14 años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género, así como cuatro meses más de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos con la agravante de parentesco.
La familia aprecia agresión sexual
La acusación particular que ejerce la familia de la víctima, de su lado, sostiene en su escrito de acusación que durante la relación que mantenía Rocío Cáiz con N.A., este la sometía a «constantes malos tratos», incluyendo insultos, vejaciones, agresiones y el control de sus relaciones sociales y de sus comunicaciones vía teléfono móvil o redes sociales, convirtiendo su vida en «una pesadilla».
Según la familia de Rocío Cáiz, el acusado incluso le habría roto la nariz en una ocasión, insistiendo en que tenía a la joven «dominada» y sometida a un «férreo control» bajo la premisa de que «quien mandaba era él por su condición de hombre».
Asesinato para ocultar la violación
En su escrito de acusación, la familia de Rocío Cáiz sostiene que una vez la menor se desplazó desde El Real de la Jara hasta Estepa y se reunió con N.A. en su domicilio, este cometió una agresión sexual y violó a la chica, ya entonces su expareja, si bien el inculpado defendería que la relación sexual fue consentida. Para la familia de Rocío Cáiz, N.A. estranguló a su hija precisamente para impedir que le denunciase por dicha supuesta agresión sexual.
Así las cosas, la familia de Rocío Cáiz solicita para N.A. dos años y diez meses de cárcel por un supuesto delito de maltrato habitual, un año y ocho meses de cárcel por dos delitos de lesiones, once años más por un presunto delito de agresión sexual con las agravantes de género y parentesco, prisión permanente revisable por un supuesto delito de asesinato con las mismas agravantes, cuatro años más de prisión por un delito contra el respeto a los difuntos, dos años más de cárcel por un delito de suplantación de identidad derivado de haber usado sus perfiles en las redes sociales tras el crimen y una multa por un delito leve de daños.
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