El escrito, firmado por el secretario general de la Presidencia, Juan Pérez Mas, y la jefa de servicio de Integridad, Planificación y Calidad Normativa, Eva María Salas, deja claro que el 1 de septiembre, un día antes de la entrada en vigor de su nombramiento, María Pía Canals renunció a los contratos que, como arquitecta, mantenía con la administración autonómica, ha informado el Gobierno de Aragón.
En dicho informe se apunta que el artículo 55 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas otorga un plazo de dos meses desde la toma de posesión como cargo público para presentar la declaración de actividades con las que pudiera incurrir en incompatibilidad. La directora general la presenta el 19 de octubre, 14 días antes de que venciera el plazo.
Además, la citada ley, en su artículo 52.3, otorga un plazo de dos meses desde la toma de posesión como directora general para desprenderse de los contratos públicos de los que era adjudicataria, algo que se produjo el 1 de septiembre, al cesar su actividad profesional de arquitecto, no incurriendo, por tanto, en causa de incompatibilidad.
La resolución de los contratos de Canals con la administración autonómica, recoge el citado informe enviado al Grupo Parlamentario Socialista, se produce el 23 de octubre, dentro del plazo de dos meses que la norma prevé desde la fecha de nombramiento, al amparo de la Ley 5/2017 de 1 de junio de Integridad y Ética Públicas.
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