Algunos de los contratos realizados por el Institut Català de la Salut (ICS) para hacer frente a las necesidades de personal de la pandemia «no cumplieron los preceptos vigentes» o los procedimientos de selección y provisión, según un informe de la Sindicatura de Comptes.
La entidad ha explicado en un comunicado este martes que entre los preceptos no cumplidos están los de acreditación de la especialidad ejercida; la formación y evaluación previas; los informes de idoneidad de los candidatos; la vinculación, o los plazos de contratación.
Además, apunta que hubo incidencias en la gestión de los circuitos de control y autorización de jornadas de atención continuada y servicios extraordinarios.
La Sindicatura ha recordado que durante 2020 se formalizaron 106.252 contrataciones con 28.352 profesionales y que el gasto en personal del ICS subió un 12,14% interanual.
Ha subrayado que a pesar de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia, la incorporación de profesionales «debía dar cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos y garantizar la idoneidad y la adecuación» de las contraprestaciones.
Residuos sólidos
En otro informe, la Sindicatura de Comptes ha señalado que ha detectado cambios en las tarifas aplicadas por el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme para el tratamiento de residuos industriales según su necesidad de atraer volúmenes de y la capacidad de las empresas de aportarlos.
Ha apuntado que el cálculo de la aportación niveladora por los servicios prestados no incluía la constitución de un fondo de amortización de las instalaciones y que se registraron algunos importes de forma incorrecta, entre otros.
La Sindicatura ha recomendado que el Consorci tenga cubierto un puesto de trabajo de Tesorería y adecúe la estructura presupuestaria a los diferentes servicios que presta y los ingresos generados.
También, que los mayores gastos se cubran mediante derramas de los ayuntamientos consorciados y no a través de recursos propios, y que se liquiden los importes a cobrar por los residuos industriales asimilables directamente a los industriales.
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