Así lo ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación, instantes antes de presentar este lunes los proyectos de innovación educativa para el curso 2023/2024, celebrado en el IES San Isidro de la capital.
Para el consejero, existe una «idea equivocada» sobre la reforma anunciada y ha recordado que se trata de algo que «estaba ya previsto» dentro del programa electoral con el que el PP acudió a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. «Es un compromiso que hay que cumplir», ha apuntado.
Por otro lado, ha defendido que lo que persigue esta modificación legal es «reforzar los derechos que ya existen y que ya se recogen, desde el punto de vista tanto de personas trans como LGTBI, tanto en el ámbito de la educación como en el resto de los ámbitos».
Asimismo, Emilio Viciana ha subrayado que «en ningún caso se produce un retroceso de derechos», sino «todo lo contrario», puesto que «se refuerzan y se mejoran».
En este sentido, ha señalado que en el caso de la formación a los profesores y los planes contra el acoso, «continúan existiendo y además se mejoran». «Lo que sí que queremos es, en primer lugar, reforzar el rigor científico y el rigor jurídico en estas medidas, lo cual es muy importante desde el punto de vista tanto de la valoración que se haga como de la presunción de la inocencia, que es algo que es necesario recoger», ha advertido.
Formación a cargo de "profesionales cualificados"
Por otro lado, ha añadido, la iniciativa parlamentaria busca «procurar en todo momento garantizar los derechos tanto de los alumnos, como de las personas trans y LGTBI», algo que ha ejemplificado en el hecho de que la formación al alumnado se lleve a cabo «por profesionales cualificados» tanto desde el punto de vista de la medicina como de la psiquiatría, ha indicado.
«Lo que hacemos es garantizar una educación global que se refiera a una educación sexual libre y en el que todos los alumnos tengan un conocimiento de las distintas realidades que existen (...). Nos preocupa mucho que las charlas de formación puedan darse por determinados colectivos que no tengan una formación o una cualificación apropiada», ha concluido el consejero.
También la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes, ha defendido este lunes en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea regional las mejoras que implica la reforma y ha pedido «responsabilidad» para no causar «daño» a estos colectivos con datos «que son falsos».
Reyes ha negado que se vayan a autorizar terapias de conversión con la modificación de unas normas que, ha remarcado, «no se derogan» y ha pedido «no criminalizar» a los profesionales sanitarios.
Precisamente este lunes hay convocada una manifestación a las 19.00 horas en la puerta del Sol por parte de la asociación Arcópoli para denunciar lo que considera un «grave retroceso» en derechos LGTBI con la Proposición de Ley para modificar la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
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