La consejera de Inclusión Social, Loles López, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. | Francisco J. Olmo - Europa Press

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El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, a instancias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, un Decreto ley para modificar la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y que regula por primera vez en la Comunidad Autónoma la prestación económica a los hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales por la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que será de 5.000 euros anuales.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) destinará una partida de 350.000 euros para 2024, que ha declarado ampliable según el número de solicitudes recibidas durante el año.

Hasta la fecha no se había regulado en Andalucía el derecho a una prestación económica de esta naturaleza para los menores de edad hijos de mujeres víctimas de violencia de género, según una nota de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha señalado la necesidad del refuerzo de la protección económica de este colectivo con esta prestación, de la que ha asegurado que «permite dar un enfoque global a la atención de éstos».

En lo que va de año, en España hay 51 menores huérfanos, 13 de ellos en Andalucía.

Desde que existen estadísticas oficiales, el número se eleva a 428 en España, 87 en Andalucía.

El Gobierno andaluz reconoce que la violencia de género es una lacra que afecta a toda la sociedad y constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo.

Por ello estima necesario dar «una respuesta urgente, rápida y eficaz» de las administraciones públicas ante su situación de desamparo por la pérdida de su madre como consecuencia de la violencia de género.

El Decreto ley se estructura en tres capítulos con 10 artículos, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales.

Requisito de la residencia en andalucía en el momento del crimen

El primer capítulo modifica la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género para añadir un artículo 46.bis, que recoge el derecho a la prestación económica por parte de los menores huérfanos de mujeres víctimas mortales de la violencia de género hasta que alcancen la mayoría de edad, siempre que éstos o la mujer víctima de violencia de género residan en Andalucía en el momento del crimen.

Este derecho se extiende a los personas menores de edad cuya tutela ejerza la Junta de Andalucía o cualquier otra administración pública y a aquellos menores que en el momento de los hechos se encuentren bajo la tutela judicial.

Esta ayuda económica será compatible y complementaria con cualquier otra prestación pública o privada que se perciba por el mismo motivo.

El segundo capítulo regula la prestación económica para garantizar la cobertura de las necesidades básicas materiales de las personas beneficiarias hasta su mayoría de edad.

El importe de la prestación ascenderá a 5.000 euros en un pago único anual por cada menor y se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

La ayuda económica no podrá ser administrada por el autor del crimen machista.

El tercer capítulo aborda el procedimiento de concesión de esta ayuda y establece que la solicitud deberá realizarse por la persona representante legal del menor de edad y puede presentarse de manera presencial o electrónica desde el día siguiente al de la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta que las personas huérfanas alcancen la mayoría de edad.

El documento aprobado fija que el primer pago se realizará cuando se dicte la resolución de concesión y las sucesivas anualidades se harán efectivas el segundo semestre del año.

La disposición transitoria única recoge que el derecho a esta prestación se genera aun cuando el hecho causante hubiera tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del decreto ley, es decir, podrán percibir esta ayuda cualquier huérfano de violencia de género que aún no haya alcanzado la mayoría de edad independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley.

Cerca de 2.500 mujeres atendidas entre enero y octubre

El Consejo de Gobierno ha conocido este martes un informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre el seguimiento de los proyectos y programas en materia de salud financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2023.

El informe refleja que para este 2023 había comprometido un presupuesto de 2,55 millones de euros y que, hasta este mes, se ha ejecutado 2,46 millones, un 96,57% del total, según una nota de la Junta de Andalucía.

Los 16 equipos provinciales de Atención a la Mujer y Familias han atendido, desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2023, a 2.472 mujeres.

La coordinación de los profesionales sanitarios de atención primaria y atención hospitalaria y el resto de las instituciones locales con los equipos supone un acompañamiento activo y continuado con profesionales especializados y permite a la mujer que pueda acceder a los recursos sociales, psicológicos, sanitarios, económicos, jurídicos y de protección de manera rápida e incluso urgente para la primera entrevista en los centros sanitarios.

En marzo se creó y reguló el funcionamiento de la Comisión de Coordinación y Colaboración en Materia de Violencia de Género en el sistema sanitario público de Andalucía.

Como novedad este año, está prevista en este último trimestre la realización del pilotaje del cribado para detección temprana de la violencia de género en tres distritos sanitarios de las provincias de Almería, Córdoba y Huelva. Ese cribado se hará a mujeres mayores de 14 años que acudan a consulta de Atención Primaria por cualquier motivo y a gestantes que acuden al seguimiento del embarazo en el primer, segundo y tercer trimestre y en la visita puerperal.

La Consejería de Salud y Consumo, junto a la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud, organiza la formación de sensibilización y especialización a los profesionales del sistema sanitario público (Medicina, Psicología, Enfermería y Trabajo Social) a través del Plan de Formación Continuada en Violencia de Género del Servicio Andaluz de Salud.

Este año se han realizado 67 cursos, de los que 58 eran sobre maltrato y nueve sobre sensibilización, con un total de 7.309 alumnos.

Durante 2023 se han actualizado y revisado distintos protocolos como el Protocolo de Sumisión Química, el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, el Protocolo de Actuación y Coordinación Sanitaria ante Agresiones Sexuales en Andalucía, el Protocolo de Actuación Sanitaria desde el Ámbito de las Urgencias ante la Violencia de Género y el Protocolo Andaluz de Coordinación para la Atención a Mujeres con Problemas de Adicciones Víctimas de Violencia de Género.

También está en elaboración la realización de un protocolo de actuación sobre Violencia de Género y Salud Mental y se ha trabajado en un protocolo de coordinación y cooperación, recogida de buenas prácticas e itinerario de atención y seguimiento especializado para la atención integral de la violencia de género desde la perspectiva de la unión entre el sistema sanitario y los recursos especializados de atención a la violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Igualmente, se ha revisado y actualizado el Manual de Estándares que evalúa aspectos de la organización sanitaria para la obtención del distintivo 'Centros comprometidos contra la Violencia de Género'. Desde implementación del manual, ya se han acreditado 44 centros, cinco de los cuales son privados.

Con esta acreditación se garantiza a las víctimas de violencia de género la asistencia por unos profesionales sanitarios con una formación e intervención especializada, protocolizada y actualizada.