De esta manera, este será el primer debate sobre el estado de la comunidad autónoma que acoge el Parlamento andaluz en la actual duodécima legislatura, que comenzó en julio de 2022 con la constitución de la Cámara conformada tras dichos comicios autonómicos, en los que el PP-A liderado por Juanma Moreno venció con una mayoría absoluta traducida en 58 escaños, casi el doble de los 30 que logró el PSOE-A, segunda fuerza más votada.
La Junta de Portavoces dio el pasado miércoles el visto bueno a la ordenación de este debate, que abrirá el presidente del Gobierno andaluz con una intervención sin límite de tiempo programada a partir de las 12,00 horas del miércoles, 29 de noviembre.
Cuando concluya la intervención inicial de Juanma Moreno se suspenderá la sesión hasta las 16,00 horas, cuando se reanudará el debate con las intervenciones, por este orden, de los representantes de los grupos parlamentarios del PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, según explicó el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en la reunión de la Junta de Portavoces.
El presidente de la Junta y los consejeros del Gobierno andaluz podrán hacer uso de la palabra «cuantas veces lo soliciten», y podrán contestar a las intervenciones de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia.
No obstante, se establece que, con carácter general, el primer turno de intervención de los grupos parlamentarios se desarrollará por tiempo máximo de 20 minutos, a la que seguirá la contestación del presidente de la Junta, pudiendo replicar aquellos por tiempo máximo de diez minutos, y correspondiendo a Juanma Moreno el cierre del debate.
Tras la réplica al Grupo Mixto-Adelante Andalucía se suspenderá la sesión hasta el jueves, 30 de noviembre, a las 10,00 horas, cuando se retomará con la intervención del portavoz del Grupo Popular, que sustenta al Gobierno andaluz.
Propuestas de resolución
Una vez que conteste el presidente de la Junta, se suspenderá la sesión y la Presidencia del Parlamento abrirá un plazo de 30 minutos durante el que los grupos podrán presentar a la Mesa un máximo de 35 propuestas de resolución cada uno, «congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno».
La Mesa calificará en una reunión extraordinaria las propuestas y admitirá «aquellas que se atengan a lo antes expuesto». Reanudada la sesión, se procederá a la exposición y defensa de las propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, en el mismo orden de intervención seguido en el debate, por tiempo no superior a cinco minutos, «sin que sea posible reabrir el debate».
Al final de la sesión se procederá a la votación de las propuestas de resolución en el mismo orden que el de intervención, salvo en lo que se refiere a la votación de aquellas que propongan el «rechazo global» del contenido de la comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.
Comunicación del debate
El Consejo de Gobierno andaluz aprobó en su sesión del pasado 14 de noviembre la comunicación al Parlamento para la celebración del debate sobre el estado de la Comunidad, que, según recoge el Reglamento de la Cámara, debe celebrarse con carácter anual, salvo en los años en los que el Parlamento haya acogido la investidura de un presidente o presidenta de la Junta.
En el acuerdo para comunicar al Parlamento la celebración de este debate, el Ejecutivo andaluz trasladó que el «propósito» del mismo es «exponer la acción de gobierno desarrollada hasta el momento, así como las medidas que se pretenden llevar a cabo a futuro, teniendo igualmente presente las visiones y aportaciones de las distintas formaciones políticas».
Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía quieren «que sea un debate de propuestas y soluciones, planteado desde la moderación, el diálogo e iniciativas razonables, dirigidas a favorecer el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social de todos los andaluces», se puede leer también en dicho acuerdo del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press.
De igual modo, el Ejecutivo del PP-A ha trasladado al Parlamento que quiere que dicho debate «sea responsable, abierto a acuerdos y que atienda al contexto complejo que en los ámbitos político, económico y social afrontamos, en el marco de una coyuntura nacional e internacional que nos exige favorecer el entendimiento, la concordia y la búsqueda del consenso, siempre dentro de nuestro sistema constitucional».
«Creemos que este debate sobre el estado de la Comunidad debe contribuir, desde el sosiego, la crítica y la reflexión, a seguir construyendo una Andalucía solvente, creíble y generadora de confianza, como hemos venido haciendo en los últimos años», trasladan desde el Gobierno andaluz, que emplaza para esta tarea «al conjunto de las fuerzas políticas con representación» en el Parlamento, «desde el convencimiento de que hacer más y mejor Andalucía y defender a los andaluces nos implica a todos».
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