El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. | FABIAN SIMÓN.

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El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que el inicio de la tramitación de la ley de amnistía «es una mala noticia para los españoles y para la democracia».

El Pleno del Congreso acoge este martes el primer debate de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE y también decidirá sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto a cambio del voto de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado que «la ley de amnistía es otro paso más en el deterioro de nuestra democracia», añadiendo que «es el precio que Pedro Sánchez tiene que pagar para poder seguir estando en La Moncloa y eso no nos hace más fuertes a todos». Azcón ha enfatizado que la ley de amnistía «no fortalece la Constitución, sino que la debilita».

Deuda autonómica

En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aplaudido la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de empezar a negociar, el próximo mes de enero, la quita de la deuda con las comunidades autónomas. «No es una buena decisión», ha dicho.

Ha manifestado que «la condonación de la deuda tiene que ver con la parte del precio que Sánchez tiene que pagar a sus socios independentistas para poder estar en La Moncloa», advirtiendo de que el Gobierno de Aragón no permitirá que haya «comunidades de primera y de segunda, que porque Sánchez necesite unos votos, a Aragón se le vaya a quitar una parte de los recursos que en justicia nos corresponden».

Azcón ha aludido a la autorización de un 0,1 por ciento de déficit a las comunidades autónomas, indicando que «el Gobierno de España se queda con 27 veces más de lo que le transfiere a las comunidades autónomas, cuando la proporción en el gasto que se dedica a los servicios públicos es evidente que no es esa».

«Es esa desigualdad lo que está caracterizando la política del Gobierno de España, la ley del embudo, la parte ancha es para el Gobierno de España y la parte estrecha es para las comunidades autónomas».