La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha criticado el estudio encargado por el Gobierno Vasco para implantar la jornada laboral de cuatro días porque es «inasumible» para las empresas vascas y no es un asunto «ni muy urgente, ni prioritario, ni preocupante» y porque el proyecto encargado a la fundación Fabrika debe hacerse «fuera del diálogo social».
Yagüe ha hecho esta valoración a preguntas de los medios, en referencia al pacto entre Adegi y Trabajo para asignar 6,5 millones a un proyecto piloto sobre la reducción de jornada a la fundación Fabrika, el Centro para la Transición Cultural de las Organizaciones impulsado precisamente por una de las patronales de Confebask, Adegi.
Tras reconocer que «no podía negar que el acuerdo haya generado un malestar general» dentro de Confebask, su presidenta lo ha atribuido principalmente a «un problema de comunicación en cuanto al traslado de la información del contenido del acuerdo y el alcance de ese proyecto».
En todo caso, «dicho esto», ha proseguido, ha aclarado que como patronal nunca han estado en contra de que el Gobierno Vasco hiciera un estudio al respecto sino que lo que rechazan es que ese estudio «formara parte de la mesa de diálogo social y, por tanto, fuera a contar con la participación de los sindicatos».
En este punto ha subrayado que, como Confebask, «hemos manifestado y seguimos manifestando que, hoy en día, la implantación de una jornada de cuatro días es inasumible y que, además, no es un asunto ni muy urgente, ni prioritario, ni preocupante para las empresas porque el proyecto encargado está fuera del diálogo social y, por tanto, fuera de la decisión de los empresarios».
Prevalencia de convenios y deslocalizaciones
Preguntada por la prevalencia de los convenios a nivel de Euskadi sobre los estatales, Yagüe ha recordado que, en el fondo están de acuerdo, y lo que no comparten son «las formas» ya que, a su entender, «creemos que la forma utilizada no es la correcta porque esto es una materia de la mesa de diálogo social y así hay que defenderlo».
Finalmente, preguntada por la nueva ley vasca reguladora del régimen de subvenciones aprobada ayer que obligará a las empresas que deslocalicen su producción a devolver las ayudas públicas que hubieran recibido en los últimos ocho años, con intereses, tanto Yagüe como Eduardo Aretxaga se han mostrado críticos con su contenido.
Por un lado, la presidenta de Confebask ha asegurado que desde su organización son «partidarios de incentivar la atracción y la localización de los pedidos y las inversiones y no, precisamente, de asustar ni desanimar» como a su entender, promueve dicha ley.
En ese sentido ha dicho que, mientras el mundo está en una carrera por atraer nuevos proyectos, esta ley parece que va en una dirección contraria".
Tras preguntarse cuántas deslocalizaciones se han producido en Euskadi que puedan estar afectadas por esta norma, se ha cuestionado por «si ese número de deslocalizaciones que se ha producido es realmente algo que requiera ser legislado».
Por su parte, Eduardo Aretxaga ha apuntado que lo que hay que trabajar en Euskadi para recortar posibles fugas es en la recuperación y la localización de los clientes pero, ha lamentado, «en vez de trabajar activamente en la atracción y la localización, trabajamos activamente en la deslocalización» para concluir que, con esta ley, parece que no se nos marcha ninguna gallina, pero no vamos tampoco a ser atractivos para tener más".
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