La Cámara de Cuentas de Aragón ha publicado este jueves el Informe de Fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma aragonesa de 2022, que revela que los desequilibrios persisten, pero reduce el endeudamiento, por primera vez, en veinte años.
Este trabajo incluye la auditoría de las cuentas anuales y la fiscalización del cumplimiento de legalidad de la gestión presupuestaria, personal, endeudamiento y morosidad; junto a un análisis específico de la temporalidad en el empleo público.
En 2022, la comunidad autónoma gasta 7.379 millones de euros e ingresa 7.137. Por capítulos del presupuesto, los gastos de personal suman 2.551 millones, transferencias corrientes 1.768 millones, bienes y servicios, 1.045 millones de euros y los pasivos financieros, 1.229 millones.
Por políticas de gasto, encabeza la asistencia sanitaria con 2.300 millones de euros; educación no universitaria, con 965 millones; la PAC 473 millones y en servicios sociales suman 380 millones de euros. El segundo programa con mayor gasto corresponde a la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.326 millones de euros.
En cuanto a los ingresos, el 55% (3.927 millones) proceden de las aportaciones del Sistema de Financiación Autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 649 millones de recaudación por tributos propios y cedidos y 429 de transferencias comunitarias para la PAC. Además, en 2022, Aragón recibe 289 millones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRTR) y 52 millones del instrumento REACT-UE.
Datos financieros
En este ejercicio, se reduce el endeudamiento por primera vez en los últimos veinte años en 103 millones de euros respecto a 2021, situándose en 8.957 millones al finalizar el cuarto trimestre, según los datos del cuarto trimestre del Banco de España.
También reduce los intereses en 15 millones de euros al reestructurar la deuda; el remanente de tesorería es negativo por 1.016 millones de euros, 1.102 con los ajustes propuestos por los auditores, debido, en parte, a la menor captación de endeudamiento y al exceso de financiación afectada, procedente, mayoritariamente, de los fondos europeos Next Generation.
El resultado presupuestario es negativo por 418 millones de euros, lo que significa que los ingresos presupuestarios del ejercicio no son suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en 2022.
Además, ese año, el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar al presupuesto se incrementa en 64 millones hasta los 205, de los que la auditoría confirma que 112 millones figuran en esta cuenta por falta de presupuesto. El 76% del total corresponde a obligaciones
generadas por el SALUD.
El informe señala que las cuentas de la comunidad autónoma reflejan fielmente la imagen de su patrimonio, situación financiera y resultados económico-presupuestarios. No obstante, el trabajo recoge salvedades, como la falta de rendición de la cuenta del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Periodo medio de pago
En la opinión de legalidad se identifican varios incumplimientos de la normativa que rige la gestión económica. Así, el periodo medio de pago a proveedores supera los 30 días legales previstos todos los meses de 2022 y rebasa el límite de 60 días, en tres de ellos. En promedio anual, se sitúa en 51 días, el doble que la media de las comunidades autónomas, que es de 25 días.
Igualmente, el informe señala que en 2022 el Gobierno de Aragón convalida gastos por 42 millones de euros, el 94% por haberse realizado sin contrato. El 41% del gasto convalidado corresponde al SALUD, por la compra de material sanitario, y el 35% al departamento de Educación, entre otros, por el gasto de transporte.
La auditoría reitera incumplimientos en otras fiscalizaciones, como el pago de retribuciones en el SALUD por prolongación y exceso de jornada sin mecanismos de control horario, y el pago del complemento de atención continuada por encima del límite previsto por la norma para la jornada complementaria, con el único control de la firma del coordinador del servicio correspondiente, que no está presente mientras se realiza la guardia, y sin un seguimiento para detectar posibles excesos.
Ejecución de los fondos ngue
El grado de ejecución de los fondos del Mecanismo de Europeo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) es del 22,3%, frente al 6% del año anterior.
Las cantidades pendientes de gastar aumentan en 151 millones, que sumados a los 341 del año 2021 suponen 492 millones pendientes de ejecución al cierre de 2022.
Los auditores advierten de que este bajo nivel de ejecución traslada al futuro una mayor carga de gestión y el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para la ejecución total del programa.
Como contrapartida, el informe apunta un mayor dinamismo en la ejecución del resto de las inversiones, que alcanza el 88% por importe de 248 millones de euros, frente a los 149 de 2021.
Temporalidad del empleo público
Al cierre de 2022, la comunidad autónoma tiene 60.665 empleados públicos con una temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentra en el SALUD; el resto, se reparte entre el personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y el que presta servicios generales en la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos (25,9%).
En 2022 se convocan 12.731 plazas en administración general, sanidad y educación. Para la estabilización de personal se prevén 6.343, una cifra insuficiente para reducir la temporalidad al 8%, ya que los empleados temporales suman 28.929.
Para la reposición de efectivos, entre 2018 y 2022 se convocan 6.388 plazas, de las que a 31 de diciembre de 2022 solo se habían adjudicado 1.992, el 31%. Las elevadas tasas de temporalidad siguen aumentando de forma lenta y progresiva, pasando del 47% al 49,5%.
Así, a 31 de diciembre de 2022, la Administración de la Comunidad
Autónoma y sus organismos públicos tenían 3.214 empleados más que al cierre de 2018, el 89% de ellos temporales.
Los plazos para desarrollar estos procesos incumplen de manera sistemática el plazo máximo de tres años fijado en la normativa y se sitúan en un promedio de 4,2 años. En el ámbito de Educación y de Sanidad se incumplen los plazos intermedios pero los procesos se cierran, generalmente, antes de los tres años, o por encima.
Asimismo, la administración autonómica incluye 2.630 plazas en las ofertas extraordinarias de estabilización de empleo temporal, sin que la Cámara haya podido comprobar si son todas las de naturaleza estructural en los términos que fija la ley de estabilización.
Recomendaciones
El informe de la Cámara de Cuentas presenta seis recomendaciones como dotar de manera suficiente el presupuesto de los capítulos de personal y bienes corrientes y servicios para evitar modificaciones presupuestarias por importes relevantes, como en Educación y SALUD. También sugiere tomar medidas para que el SALUD pague en el plazo de 30 días a sus proveedores.
Sobre la temporalidad del empleo público se propone convocar todas las plazas necesarias para cubrir las bajas, mayor agilidad en los procesos selectivos y en los extraordinarios de estabilización.
Algunas incidencias detectadas en la auditoría de 2022 que se han corregido son la mejora en los plazos y en la calidad de la rendición de cuentas y la corrección de la amortización acumulada de bienes recibidos de otras administraciones por importe de 434 millones.
Este informe se ha remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su debate en el pleno. Está colgado en la web de la Cámara de Cuentas y, el original, validarse con el código CSV: 4FK72N55563H594QWH3DZMXKZ en la dirección 'https://camaracuentasaragon.sedelectronica.es/document-valid...'.
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