Así lo ha manifestado este antiguo empleado de UGT Andalucía, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.
Concierto con los proveedores
Según el Juzgado de Instrucción número nueve, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».
En ese sentido, este extrabajador de UGT-A empleado en el Departamento de Compras ha narrado, ante las preguntas del fiscal Fernando Soto, que la organización sindical generó un sistema de «facturas falsas» con cargo a las subvenciones de la Junta de Andalucía, cuya elaboración encargaba a parte de las empresas proveedoras de la entidad. Estas sociedades proveedoras, según ha dicho, «inflaban» las facturas por indicación del sindicato para que el mismo pudiese justificar ante la Administración andaluza el gasto de «un servicio no prestado o realizado por un importe inferior».
El "excedente" económico"
Tal extremo, según ha precisado, derivaba en un «excedente» económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor y el dinero efectivamente pagado, o sea un «bote» económico que el sindicato, según sus palabras, empleaba para sufragar «bienes o servicios que no podía imputar a las subvenciones», desde «destornilladores a merchandising para la actividad sindical». Él mismo, según ha dicho, pidió a proveedores facturas de esta índole según se le reclamaba.
En otras ocasiones, como ha narrado, las facturas eran «infladas», para obtener liquidez con la que afrontar «un descubierto» económico sufrido por el sindicato por otro lado.
Es decir que se trataba algo similar a «un fondo de reptiles», según ha dicho parafraseando al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 tras ser condenado por prevaricación y malversación por la Audiencia de Sevilla por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos sufragados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias a empresas.
También ha utilizado el término «chanchullo» a la hora de desgranar el funcionamiento del citado «bote» económico cosechado por el sindicato mediante el citado método de facturación «fraudulenta», según sus propias palabras, toda vez que la investigación apunta a un presunto fraude de más de 40,7 millones de euros con cargo a subvenciones autonómicas.
EL ÁREA DE JUSTIFICACIÓN
Roberto Alejandro Macías ha precisado además que las «indicaciones» respecto a estas prácticas eran dictadas desde el departamento de Justificación de UGT-A, a su entender por orden del acusado Federico Fresneda, quien según ha considerado daba cuenta de ello a la Ejecutiva del sindicato porque a él le encargaba «copias» de los informes para su elevación a los miembros del comité. El área de Justificación, según ha insistido, era la encargada de «supervisar» el «maquillaje» de las facturas.
En paralelo, ha aclarado que el presunto falseamiento de facturas no era directamente «planteado a todos los proveedores», pues tal extremo habría resultado «peligroso». Al punto, ha especificado que los acusados Federico Fresneda y Dolores Sánchez escogían las empresas a las que recurrir para esta práctica. Y especialmente, ha avisado de que le «consta» que hubo proveedores que participaron de este sistema pero «no están investigados» en esta causa.
Además, Roberto Alejandro Macías ha señalado los «descuentos por volumen de compras» que diferentes proveedores aplicaban a UGT-Andalucía, toda vez que un investigador de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado del caso había manifestado en una sesión anterior del juicio que tales descuentos no era comunicados a la Junta de Andalucía pese a ser la entidad que sufragaba las compras.
Eso sí, este extrabajador de UGT-A ha reconocido ante el tribunal que él nunca trabajó en el área de Justificación, que no tiene conocimientos de contabilidad ni de justificación de subvenciones y que no participaba de las sesiones de la comisión ejecutiva del sindicato. Él, según ha dicho, era «el último mono» de la organización, a cuyos antiguos responsables ha asegurado no guardar «enemistad» pese a que según sus palabras, no fueron «justos» con él.
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