El conocido como caso Azud que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de València, en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en distintas administraciones valencianas, ha incorporado recientemente nuevos informes, uno de ellos de la Agencia Antifraude, que cifra en 11 millones el perjuicio por el contrato del servicio de saneamiento de Acciona con el Ayuntamiento de València.
Así se desprenden de las conclusiones del informe, de 248 páginas, consultado por Europa Press, y que hace referencia al Contrato de Gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento de fecha 28 de noviembre de 2006 suscrito entre el Ayuntamiento y la UTE conformada por Acciona Infraestructuras, S.A. e Infilco Española S.A Unión Temporal de Empresas. En el informe se realiza un análisis económico financiero de su adjudicación y ejecución durante los ejercicios 2007 a 2012.
El análisis de este contrato se fundamenta en el hecho de que los investigadores sospechan que José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, ya fallecida, pudo cobrar distintas comisiones ilegales por mediar para que la adjudicación fuese para la UTE.
Tal y como contemplan las conclusiones del texto, el total del perjuicio económico calculado entre los ejercicios 2007 a 2012 asciende a 11.209.596,02 euros. Adicionalmente, expone, el perjuicio económico relativo a las mejoras de los ejercicios 2013 a 2021 ascenderían a 1.938.517,20 euros ó a 2.369.298,80 euros en caso de considerar los ejercicios 2013 a 2023 --en supuesto de prórroga--.
Tras analizar el contrato, Antifraude expone, además, que se produjo una «indeterminación» en el objeto y precio del contrato --a pesar de que en la relación con el precio se establezca un importe para las obras de conservación a nivel global pero no individualizado--.
Estos aspectos «constituyen un requisito de toda contratación administrativa» y su falta «supondría una causa de nulidad absoluta de pleno derecho respecto de la contratación, en relación con las obras de conservación».
Y reitera: «No se ajusta a la normativa contractual aplicable una cláusula que permite la adjudicación directa de las futuras obras al adjudicatario si éstas no han sido objeto de licitación previa, lo que provoca un incumplimiento, así mismo, de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y concurrencia», apostilla.
Pista de nieve y colegios
Por otro lado, el juzgado ha recibido dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil que contienen testificales relacionadas con otros proyectos investigados en el procedimiento: la construcción de un centro comercial con pista de nieve, un contrato de la planta de Los Hornillos, situada en Quart de Poblet, y el denominado 'asunto colegios', relativo a una permuta que aprobó el consistorio de Rita Barberá, ya fallecida, para entregar parcelas a una empresa del investigado Jaime Febrer a cambio de asumir una deuda del Ayuntamiento con varios colegios religiosos.
Sobre este último asunto, uno de los responsables de un colegio de la ciudad testificó ante la Guardia Civil que, sobre la deuda del Ayuntamiento, se les comunicó que en vez de ser pagados por el consistorio, iban a ser pagados «mediante cheques» por unas empresas de las que no recordaba el nombre.
«Siempre se hablaba en plural de empresas que se harían cargo de la indemnización», indicó, y añadió en su testifical: «En los preámbulos de la reunión donde se produce el pago del cheque objeto de la indemnización, se informa a los representantes de los colegios afectados que la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al Ayuntamiento de València al pago de una indemnización a cada una de las congregaciones, se vería ejecutado por parte de un grupo de empresas, y que llevaron a cabo en ese mismo acto el pago mediante la entrega del cheque».
Otro testigo que ocupaba el cargo de administrador provincial de la congregación de un colegio ha explicado que en una reunión les explicaron que el Ayuntamiento de València no disponía de liquidez para pagar el montante a las congregaciones religiosas y que, por este motivo, «el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con empresas para que pagaran esa deuda y a cambios las empresas recibirían terrenos municipales». Y cita a un abogado urbanista como interlocutor.
Por otro lado, sobre el proyecto de la pista de nieve en un centro comercial, un testigo declaró ante la Guardia Civil que creía recordar que se había contratado al despacho de Corbín Abogados porque consideraban a José María Corbín «la persona más óptima para la tramitación del papeleo».
«El motivo de contratar a Corbín --apostilla-- era para llevar a cabo el seguimiento de la tramitación administrativa de los proyectos en el Ayuntamiento de València, que era la persona más óptima para este trabajo debido a que era el cuñado de la alcaldesa y se movía muy bien por el Ayuntamiento».
Así, resumió: «Ellos --la mercantil-- contratan a Corbín porque alguien se lo recomienda», aunque no puede recordar quién. Cree que no fue Rita Barberá pero tampoco lo podía asegurar con rotundidad.
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