Según ha informado en un comunicado el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, el recurso de inconstitucionalidad se ha presentado después de que el Gabinete Urkullu haya «agotado todas las posibilidades de negociación» y haya planteado al Estado «un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas en esta materia».
El planteamiento realizado pretendía que el Gobierno central «no ocupe el espacio» del Ejecutivo Vasco para poder desarrollar políticas propias de vivienda, y «para que su orientación no prevaleciera sobre la regulación autonómica».
"sin posibilidad de acuerdo"
Según la Consejería que dirige Olatz Garamendi, el Estado ha rechazado «toda posibilidad de acuerdo» y «ha abocado» al Gobierno Vasco a interponer el recurso por vulneración de competencias en materia de vivienda, «por lo que solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas».
Según el informe elaborado por el Servicio Jurídico central, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que la Ley estatal de Vivienda «vulnera competencias de Euskadi», que tiene su propia Ley de Vivienda desde 2015.
En concreto, se recurren un total de siete artículos de la ley estatal, 12/2023, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
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