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Uno de los mantras más repetidos durante la crisis financiera era que no se podía dejar caer un banco o caja de ahorros en España, en base a una serie de dogmas económicos relacionados con la protección de los depositantes, la confianza en el sistema y el efecto dómino que provocaría un corralito en una entidad financiera española.

Pues ya tenemos un corralito en toda regla, el que han sufrido los clientes de Banco de Madrid S.A.U, cuyo propietario es un banco andorrano (Banca Privada Andorrana) intervenido por la alerta de EE.UU. sobre blanqueo de capitales. Nuestro Banco de España, cuya incapacidad para alertar a tiempo de los problemas de los bancos se ha hecho patente una vez más, además de impericia para gestionar una crisis bancaria con agilidad, transparencia y seguridad jurídica, ha quedado en evidencia. Unos dirán que no es un banco sistémico (demasiado grande para caer), otros que ya hay una normativa europea para liquidar bancos y otros señalarán los potenciales delitos del banco. Pero, en puridad, lo mismo se podría decir de muchas cajas rescatadas con dinero público.

Banco de Madrid era un banco solvente, con unos recursos propios muy por encima de la media de bancos españoles. Si una eventual multa millonaria procedente de EE.UU. podía quebrarlo, eso es algo que el Banco de España no podía ni debía precipitar adelantándose a los acontecimientos y alertando mal y tarde en un comunicado el 16 de marzo de 2015 de que los depósitos “están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito hasta un máximo de 100.000 euros por titular”. Vamos, que al lector le invitaron a entrar en pánico ese mismo día.

Tanto el Banco de España como la CNMV deberían haber tenido previsto un plan de contingencia, en base a la normativa ya aprobada por obligación de la Unión Europea recogida en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Este plan se debería haber hecho público desde el primer momento, junto a una información detallada de la situación en que quedan los clientes, según el producto financiero que tienen contratado en Banco Madrid y el capital invertido. Tengamos en cuenta que las cuentas y depósitos bancarios (imposiciones a plazo fijo, depósitos indexados, estructurados y en divisas distintas al euro) están garantizadas en hasta 100.000 euros, por cliente. En otras palabras, los depósitos de más de 100.000 euros en un mismo banco son inversiones de riesgo.

Los clientes con fondos de inversión, SICAVs o planes de pensiones, no deben temer por la liquidación de Banco Madrid, ya que los activos están fuera de su balance (son propiedad de los clientes). En cuanto a los créditos concedidos por la entidad financiera, sean tarjetas, préstamos personales o hipotecarios, no se cancela la deuda, sino que se venderá a un comprador, que puede ser un banco o un fondo. Podría darse la esperpéntica situación de que un depositario de 400.000 euros con una hipoteca de 300.000 euros, siguiera debiendo la hipoteca y perdiera los 300.000 euros no garantizados por el FGD.

La razón por la que se rescató a las cajas de ahorro con un importe que sumando los esquemas de protección de activos y otras ayudas puede superar perfectamente los 100.000 millones de euros parece ahora aún más clara y no es, primordialmente, evitar el pánico de los clientes; más bien, evitar hacer públicas las vergüenzas de los políticos, patronos y sindicalistas metidos a cajeros. Uno empieza a pensar que nada ha cambiado después de la mayor crisis financiera de nuestra historia reciente: ni las malas prácticas bancarias ni la función de garante del sistema que le corresponde a nuestros supervisores. Confío en que los que sí hayamos cambiado seamos nosotros, los clientes, contribuyentes y votantes.