Cuando se publique este artículo en El Económico faltará una semana para la cita electoral del 23-J. Estas elecciones legislativas tienen una gran trascendencia porque pueden suponer un cambio de ciclo político que, por cierto, la mayoría de las encuestas dan como muy probable. De todas formas, el partido aún está por jugar y puede producirse una sorpresa, habida cuenta la capacidad de resistencia que en otras ocasiones ha demostrado Pedro Sánchez.
Las medidas de carácter social y la política económica son las mejores cartas de presentación del Gobierno de coalición, si bien éstas, además de incrementar los dos grandes desequilibrios endémicos que arrastra nuestro país, como son el déficit y la abultada deuda pública superior a los mil quinientos billones de euros (un 110 % del PIB), no son suficientes, a la vista de los resultados de las elecciones locales y autonómicas, para contrarrestar el desgaste del Gobierno producido por los acuerdos parlamentarios realizados a lo largo de la legislatura con EH Bildu y los partidos independentistas catalanes, junto a los indultos a sus líderes y la modificación del código penal. Si nos atenemos, repito, a las encuestas, salvo la del CIS, en las legislativas del próximo 23, salvo sorpresas, le seguirán pasando factura.
Retomando el tema de la deuda pública cabe señalar que el servicio de la misma será una de las partidas más elevadas que se deberá consignar en los futuros PGE, sobre todo mientras persista la política de subida de tipos del Banco Central Europeo que con toda seguridad se mantendrá inalterable mientras Alemania y Francia no controlen el nivel de sus precios.
Por otra parte, la fuerza política, o el gobierno de coalición, que finalmente obtenga el apoyo mayoritario de la ciudadanía deberá tener muy presente que a partir de 2024 que el BCE dejará de dar oxígeno a los bancos comerciales y estimular la economía. También exigirá a los países de la zona euro que recuperen la ortodoxia fiscal (3% de déficit y 60% de deuda vs. PIB) aparcada a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus. Así pues, el nuevo ejecutivo, además de cumplir con el pacto de estabilidad, deberá afrontar otras tareas de gobierno no menos importantes como son: dinamizar la inversión, mejorar nuestra productividad, mantener la inflación en torno al 2%, reducir la subyacente, proseguir con la transformación energética y digital, aprovechar al máximo los fondos europeos Next Generation, la lucha contra la emergencia climática y la problemática de la vivienda. Todos ellos son algunos de los grandes retos que tiene nuestro país a los que podemos añadir la lucha para seguir reduciendo la tasa de desempleo al amparo de la reforma laboral aprobada in extremis por el Gobierno gracias al voto equivocado de un diputado del PP, viabilizar el sistema de pensiones, trabajar la sostenibilidad como eje estratégico y de crecimiento de nuestra economía y huir del populismo (que da respuestas fáciles a problemas complejos). Una ingente tarea de gobierno que requerirá un experimentado y buen patrón al frente del barco llamado España.
Precisamente, para hacer frente a estos importantes desafíos, somos muchos los que creemos que sería necesario articular un gran pacto de Estado entre el PSOE y el PP. Pero, desgraciadamente, también soy consciente de que somos mayoría los que pensamos que este gran acuerdo es hoy imposible. Una lástima.
