La presidencia sueca de la UE volvió a fracasar ayer en su intento
de propiciar un compromiso de los Quince sobre la continuidad de
las ayudas regionales después de que se produzca la gran ampliación
de la Comunidad al Este. El bloqueo sobre el problema planteado por
España impidió, nuevamente, que pudiera cerrarse una posición común
de los Quince ante las negociaciones con los países candidatos
sobre libre circulación de sus trabajadores.
El último intento de la presidencia comunitaria de dar respuesta
por medio de una declaración política a la cuestión de la
«convergencia estadística» suscitada por el Gobierno español no
prosperó, debido principalmente a la resistencia de Alemania y
Francia, según dijeron fuentes diplomáticas. El Comité de
Representantes Permanentes de la UE, que prepara las decisiones de
los ministros comunitarios, celebró esta tarde una reunión
extraordinaria en Bruselas para debatir un texto que sintonizaba en
gran medida con las aspiraciones españolas.
Pero la delegación alemana consideró desde el principio que la
propuesta iba demasiado lejos, mientras que el representante
francés, Pierre Vimont, pidió un «tiempo de reflexión» para «calmar
los ánimos». Las recientes declaraciones del ministro francés de
Exteriores, Hubert Vedrine, en las que afirmó, tras reunirse con su
colega alemán, que «no se puede aceptar la petición española tal
cual», han añadido leña al fuego.
España ayer contó con el apoyo explícito de Italia, cuyo
representante en funciones pidió al Coreper mejoras en el texto
para garantizar que las regiones pobres actuales seguirán
recibiendo fondos después de la ampliación. Italia, según las
fuentes diplomáticas, recordó el origen de la política regional en
los años setenta, consideró un éxito lo logrado hasta ahora y pidió
que se asegurara su continuidad.
El texto que había presentado la presidencia invitaba a la
Comisión Europea a analizar «las consecuencias económicas, sociales
y estadísticas de la ampliación» respecto a las ayudas
estructurales. Esta alusión al problema denunciado en un memorando
por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, fue
considerada excesiva por un grupo de delegaciones.
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