Policías colombianos muestran imágenes de sus compañeros secuestrados, en una protesta en la plaza Central Bolívar de Bogotá. | Reuters

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La guerrilla colombiana de las FARC anunció hoy que ha decidido renunciar al secuestro con fines financieros y poner en libertad a los últimos diez militares y policías que mantiene como rehenes.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron el doble anuncio en una declaración pública de su secretariado o mando central por medio de su sitio en internet, y al que ha dado respuesta de inmediato el Ejecutivo.

«Valoramos el anuncio de las Farc de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario pero no suficiente en la dirección correcta», ha escrito el presidente colombiano Juan Manuel Santos en su cuenta de twitter.

El secuestro ha sido una de las fuentes económicas de esta guerrilla, en actividad desde 1964, lo que la hace la más antigua del continente, y que incluso incluyó práctica en una «ley» de los rebeldes, en 2000, relativa a la financiación de su lucha armada.

La renuncia a esta práctica era un llamamiento reiterado del Gobierno y de la sociedad civil a los insurgentes, a los que las autoridades atribuyen el 26 por ciento de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país.

Los rebeldes reconocen de manera tácita haber escuchado el clamor al anunciar que «a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria».

«Es un anuncio que considero que es trascendental, no solamente porque pone punto final al secuestro, que es una exigencia que le habíamos hecho desde mucho tiempo atrás y que se esperaba como un paso cierto en el camino hacia la paz», ha dicho a Efe en Bogotá el legislador y activista Iván Cepeda.

El legislador, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), recibe la decisión rebelde como «una noticia alentadora en términos de voluntad de paz».

«Creo que, con este anuncio, las FARC están dando un paso significativo hacia la búsqueda de la paz en Colombia», afirma Cepeda, quien forma parte de el colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), al que los insurgentes le han entregado en los años recientes una veintena de rehenes, entre políticos y uniformados.

Esas misiones de entrega de rehenes contaron primero con logística facilitada por Venezuela y luego por Brasil, país que la prestará ahora por solicitud del Gobierno colombiano y de los familiares.

La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ofrece su disposición generosa» que «aceptamos sin vacilación», escribieron los rebeldes.

Con la excongresista Piedad Córdoba a la cabeza, el CCP deberá intervenir en la anunciada puesta en libertad de los últimos diez militares y policías en manos de las FARC, que los hicieron cautivos entre 1998 y 1999, en distintas acciones y regiones, junto a otro uniformado que, al según parece, perdió la vida en cautiverio.

Hasta antes de esta declaración, los rebeldes estaban comprometidos con la puesta en libertad de seis de ellos, incluido Carlos José Duarte, intendente de la Policía padre de la adolescente Natalia Andrea, quien la semana pasada hizo una marcha de 64 kilómetros para exigir su entrega y la de los demás cautivos.

«Creo que de algo sirvió la caminata que hice de (la localidad de Fusagasugá) a Bogotá», afirmó a Efe Natalia Andrea, quien tenía 4 años cuando su padre fue secuestrado por los rebeldes.

La adolescente confía en que ahora si pueda tenerlo de nuevo a su lado, que es la misma esperanza de las familias de quienes comparten con él la condición de rehén.

Ellos son los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.

Pero Natalia Andrea también confiesa: «hasta que no lo vea bajar de un helicóptero no lo creeré».

Otro colectivo, la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), representa a las familias del intendente Duarte y de los demás rehenes.

«Ahora lloramos de alegría y no de dolor», declaró la presidenta de esta organización, Marleny Orjuela, al aludir a la decisión de las FARC de entregarlos de manera conjunta.

La activista fue convocada por los rebeldes a que «acuda a recibirlos en la fecha acordada», de la que nada se sabe públicamente.

«Nos alegramos mucho por ellos los diez secuestrados que van a liberar y por sus familias. El gobierno dará garantías sin circo» para su liberación, escribió también por twitter el presidente colombiano.