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N. DOMBLÀS/J. RODRÍGUEZ
El Consell de Govern que, con carácter de urgencia, se reunió ayer, aprobó la declaración de emergencia de las unidades de desalinización portátiles para la Bahía de Palma por lo que, al mismo tiempo, se declara urgente la ocupación de los terrenos necesarios para «la inmediata ejecución de las obras».

Esta iniciativa, que garantiza una producción de 14.800 metros cúbicos diarios, tiene prevista un inversión del Govern de casi 3.000 millones de pesetas de los que 1.000 son a fondo perdido y el resto los recuperará a través de la venta del agua a los Ajuntaments de Palma, Calvià y Andratx. De esta forma el Govern cierra el primer paso para, tal y como comentó ayer el president, Francesc Antich, desde Bruselas, «tener el control de la gestión de los sistemas de producción del agua». La idea del Ejecutivo en estos momentos es «poner claridad en la cuestión de los recursos hídricos y encontrar un consenso con las empresas, tanto públicas como privadas, que gestionan el agua en las Islas».

Así, según Antich el objetivo de controlar la gestión de producción del agua se fundamenta en el decreto de emergencia que hace unos días aprobó la Conselleria de Medi Ambient, la puesta en marcha de Juntas Insulares y la ya citada utilización de depuradoras portátiles. En este sentido, el president del Govern, que mostró su confianza en que Madrid acelere la ampliación de la desaladora, destacó su sorpresa por la reacción del alcalde de Palma, Joan Fageda. «El Ajuntament siempre ha pedido una medida como esta y, cuando se firma se queja. Su actitud sólo se entiende por motivos que no tienen nada que ver con la sequía», señaló.

Antich garantizó que gran parte del suministro previsto estará disponible en 45 días y que el problema no se limita sólo a los meses de verano sino que hay que garantizar «el suministro para los siguientes meses».