Servicios jurídicos de diversas conselleries han elaborado informes
sobre el proyecto de ley de biodiversidad en los que se objeta que
el texto presentado por la Conselleria de Margalida Rosselló invade
competencias de los Consells y los ayuntamientos. La ley de
biodiversidad, proyecto estrella de Els Verds, «nace con la clara
vocación de impulsar y convertir las Illes Balears en un modelo de
sostenibilidad», según reza la primera frase de su exposición de
motivos. El proyecto de ley, que se encuentra todavía en fase de
discusión, ha sido remitido a las distintas conselleries afectadas
por la ley para que presenten sus correspondientes informes
jurídicos.
La semana que viene concluye el plazo de presentación de estos
informes, pero las fuentes consultadas han asegurado que los
informes rechazan de plano alguno de los aspectos recogidos por la
ley.Además de la invasión de competencias, los informes consideran
que no tiene todas las garantías jurídicas porque incluso puede
vulnerar la Constitución. Los aspectos más controvertidos son los
que afectan al derecho de propiedad privada. Las fuentes
consultadas han asegurado que la ley puede vulnerar la generalidad
que se exige a las leyes ya que deja a criterio de la Conselleria
de Medi Ambient la posibilidad de incluir o no limitaciones al
derecho de propiedad.
La ley establece que las limitaciones que se puedan establecer
por la aplicación de la ley serán indemnizadas. En cualquier caso,
los servicios jurídicos entienden que estas limitaciones son
excesivamente discrecionales y se dejan al criterio exclusivo de la
Conselleria de Medi Ambient. Este es otro de los aspectos que
cuestionan los servicios jurídicos del Ejecutivo: la excesiva
discrecionalidad de la ley y el intervencionismo absoluto de la
Conselleria de Medi Ambient. Prácticamente cualquier actividad que
se pretende hacer requiere un informe previo preceptivo de la
Conselleria. Por ejemplo, queda sometida a notificación previa de
la Conselleria la celebración de fiestas al aire libre «vayan a
tener lugar o no en zonas protegidas».
Las empresas que pretendan ofrecer servicios de turismo o
actividades recreativas en el medio natural deberán estar inscritas
en un registro que se establecerá al efecto. En este sentido, por
ejemplo, permite que todas las declaraciones de parques o reservas
naturales se hagan simplemente por decreto de la Conselleria.
También se permite iniciar el procedimiento de declaración de zona
natural a instancia de los propietarios, ayuntamientos o Consells.
Los partidos han comenzado la negociación de esta ley, que ya se da
por hecho que sufrirá reformas sustanciales, tanto por el contenido
de los informes jurídicos como por los recelos que han expresado
PSOE y UM. Aunque PSM y EU también admiten que será necesario
introducir cambios, se muestran más dispuestos a que la ley salga
adelante lo más rápido posible.
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