Mónica González07/12/01 0:00
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El Consell Insular de Mallorca abrirá el año próximo un Centro de Acogida de Jóvenes Extranjeros, que, de este modo, dejarán de ser enviados al Centro de Atención Temporal de la calle Cirerer (es Rafal), donde ahora coinciden con adolescentes en situación de desprotección. Pero para que la intención política de la responsable del Àrea de Serveis Socials, Josefina Sintes, se materialice es preciso que fructifiquen las conversaciones para el alquiler de una inmueble y que el proyecto sea aprobado por el Consell Executiu. Especialmente adelantada está la negociación con la Associació Es Refugi sobre una casa que ésta tiene en Palma. «El proyecto está aún en construcción, pero nuestra intención es que para primeros del año próximo esté cerrado y aprobado», apuntó Sintes.

El CIM es la administración competente en protección de menores y la nueva Ley Penal del Menor le obliga a acoger y atender a todo menor que sea inmigrante, sin documentar y sin acompañar. En estos momentos se les ingresa en el CAT, que fue abierto el pasado mes de enero, «pero a lo largo de estos meses hemos comprobado que la coincidencia en él de problemáticas tan diferentes hacen intrabajable el entorno», explicó. «Los inmigrantes -añadió Sintes- tienen un problemática muy diferente a la de los chicos que son de aquí y que llegan al centro por problemas de desatención o con necesidad de protección».

Los jóvenes extranjeros tienen unos objetivos y unas necesidades diferentes. «Ellos ingresan en el centro básicamente a través de Fiscalía y de la Policía y piden una ayuda instrumental, para huir de la policía o de la repatriación». «Este trabajo de primera acogida estará coordinado con nuestro Servicio de Menores, el Servicio de Inmigrantes, con entidades de inmigrantes, con la Dirección General de Menores del Govern, con la administración de justicia, la policía y la Delegación del Gobierno». «Entre todos debemos decidir qué hacer con cada uno de estos adolescentes», que están entre los 15 y los 18 años, aunque muchos, cerca del 15%, resultan no ser tan menores, pues al practicárseles la prueba forense se comprueba que tienen más de 18 años, aunque ante la policía declararon ser menores de edad.

Para algunos se iniciará un proceso de repatriación, buscando a sus padres o haciendo que el Estado emisor se encargue del menor; para otros, si tienen casi 18 años, se podrá acometer un proceso de inserción laboral y social, o gestionar los papeles para otros. Sintes anunció, por último, que también se está buscando una nueva ubicación para el CAT, «que esté aislada, alejada de núcleos vecinales, porque este año se han tenido muchos problemas y quejas por parte de los residente en es Rafal».