La jueza sustituta del Juzgado Contencioso Administrativo número 2
de Palma, Carmen de Vivero, dictó una sentencia mediante la cual
condena al Ajuntament de Palma a que adopte las medidas para
paralizar y dictar la clausura cautelar de la «macro» discoteca
Oberbayern-Regines, de la Platja de Palma.
La jueza estimó todas y cada una de las alegaciones de la parte
demandante, la Asociación para la Defensa y Mejora del Medio
Ambiente y Calidad de Vida en la Playa de Palma (Asocavi),
defendida por el abogado Francesc Gilet, entre ellas, su derecho a
la tutela judicial efectiva por «inactividad municipal al no
resolver la solicitud de cierre de la actividad de la sala de
fiestas que se ejerce sin contar con la preceptiva licencia de
apertura y funcionamiento».
El letrado de Cort señaló ante la jueza que la sala de fiestas,
«dispone de licencia de instalación desde 1986, y que la entidad
explotadora de la discoteca solicitó licencia de funcionamiento en
mayo de 2002». Asimismo, los propietarios de la sala afirmaron de
que estaban en poder de ambas licencias por «silencio positivo
administrativo». A pesar de que en 1996 un ingeniero técnico
industrial emitió un informe en el que denunciaba que la discoteca
Oberbayern-Regines «carece de licencia de apertura y
funcionamiento», el expediente quedó totalmente paralizado hasta
enero de 2001. El 6 de septiembre de 2002, el alcalde de Palma
concedió un plazo de cinco días a los propietarios para que
acreditaran la legalidad del ejercicio de la discoteca, trámite que
se cumplió. Sin embargo, la jueza no dio por válida una licencia
obtenida por «silencio administrativo».
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