Margarita Nájera, junto al president Francesc Antich, en la presentación del Plan de Acción Integral. | Pere Bota

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El Plan de Acción Integral de la Platja de Palma, en estos momentos en fase de exposición pública hasta el próximo 6 de octubre, conlleva la realización de unas 700 afectaciones o realizaciones urbanísticas, entre expropiaciones, unidades de ejecución y nuevas calificaciones en la zona.

Este número de afectaciones preocupa a la plataforma vecinal y de comerciantes, así como a empresarios turísticos, «ya que el volumen de información es tal que es materialmente imposible el poder cumplimentar todos los trámites de alegaciones en el plazo fijado por el Consorcio Urbanístico. A esto hay que sumar que ha habido mucha desinformación, lo cual está generando serios problemas a muchos vecinos afectados».

Queja del PP

La regidora del PP en Cort, Lourdes Bosch, ante esta situación de desinformación, aboga por una ampliación del plazo de alegaciones, al mismo tiempo que manifiesta la preocupación de su partido «en el sentido de que el resultado urbanístico que propone el Plan de Acción Integral en algunas actuaciones es más que cuestionable».

En un análisis pormenorizado de las nueve zonas en las que el Consorcio Urbanístico de la Platja de Palma ha dividido el Plan de Acción Integral, Bosch puntualiza que «apoyamos el plan de rehabilitación integral, pero no el Plan de Acción Integral que se ha presentado, ya que no está consensuado y tendrá que tener las lógicas modificaciones con las alegaciones que se presenten. En nuestra opinión se trata de una reordenación urbanística más que turística y carga las tintas en zonas innecesarias. Las expropiaciones están contempladas en la practica totalidad de las zonas, con el consiguiente impacto entre los propietarios afectados, sean vecinos o empresarios».

En el plazo de presentación de alegaciones, vecinos y empresarios tendrán que exponer todos los problemas con que se han encontrado al ver cómo sus viviendas y negocios se veían afectados por nuevas alineaciones, expropiaciones y actuaciones que, según el PP, «no se entienden muy bien, ya que se aplican criterios urbanísticos específicos para unos y diferentes para otros. Hay actuaciones urbanísticas que no se entienden, como la construcción de un centro de mantenimiento del tranvía en Can Pastilla o el Centro Mediterráneo, también en la misma zona, con alturas máximas de 10 pisos».

Por su parte, la Asociación Hotelera de la Platja de Palma se ha reunido con la gerente del Consorcio Urbanístico, Margaria Nájera, para darle a conocer las alegaciones que van a presentar, con el fin de llegar a algún tipo de negociación.

«Hemos cogido el peor escenario económico y político, de ahí que puede pasar cualquier cosa en la ejecución de este plan. Por nuestra parte estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero pensamos que la politización de la que será objeto hará, aún más, más complejo su ejecución en 2011», señalaba ayer Francisco Marín, presidente de los hoteleros de la Platja de Palma.