Los Hore, esta mañana en los juzgados. | Pere Bota

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La Abogacía del Estado atribuye a John y Martha Monica Hore, matrimonio que entre 2002 y 2006 habría comprado diversas fincas en Son Bunyola (Banyalbufar) y otras propiedades eludiendo el pago de impuestos, un fraude fiscal mínimo de dos millones de euros en base a un informe de la Agencia Tributaria presentado este martes y en el que se analizan diversos supuestos de liquidación por parte de ambos imputados. Una cantidad que, sin embargo, la Fiscalía eleva a unos treinta millones de euros en el escrito de acusación que presentó en el marco del caso Relámpago.

De este modo, debido a la entrega de este documento ante el Juzgado de lo Penal número 5, el juicio que tenía previsto celebrarse por la presunta comisión de quince delitos fiscales por los anteriores hechos ha sido aplazado al 21 de noviembre y previsiblemente se alargará hasta el 1 de diciembre, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, el informe presentado por la abogada del Estado Dolores Ripoll baraja varias posibilidades de impago por parte de los Hore, dependiendo de si eran residentes fiscales en España o en Inflaterra en régimen de gananciales o de separación de bienes. La Fiscalía ya postulaba que ambos eludieron el pago de 15 cuotas tributarias por un valor superior a los 32 millones de euros, aunque la nueva documentación abre la posibilidad de que el fraude fuese de tan sólo dos millones.

Cabe recordar que en su escrito de acusación por estos hechos, la Fiscalía solicitaba que el matrimonio, defendido por el letrado Andrés Jiménez de Parga, hiciese frente a los treinta millones como fianza de responsabilidad civil, a los que se sumarían las multas proporcionales -más de 120 millones- más un tercio fijado por Ley, en este caso de 50 millones. Así, la caución quedaría establecida en un total de 200 millones de euros para cada uno de los imputados.

Por su parte, el fiscal Juan Carrau ha solicitado que se aporten a la documentación de este juicio escritos de la causa general, como el que hacía referencia a la entrada y registro del Bufete Feliu, mientras que la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha pedido que se entreguen diversos cetificados de propiedad.

Petición de 42 y 37 años de cárcel

En concreto, las infracciones penales contra la Hacienda Pública que se les atribuye en el escrito de calificación son cuatro por el IRPF (por los años 2002, 2003, 2005 y 2006), cinco por el Impuesto de Patrimonio (de 2002 a 2006), cuatro por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (de 2003 a 2006) y dos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el año 2002 (Son Bunyola y Sa Marina).

Unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio de prisión contra John Hore y 37 años y medio para su mujer, mientras que la acusación pública pide 42 años y medio de cárcel contra el abogado Alejandro Feliu por su participación en esta presunta trama de fraude fiscal.

Tal y como postula la acusación pública, los tres acusados se concertaron para defraudar a la Hacienda Pública de modo que los bienes y riqueza que en España Martha Hore iba a adquirir como propietaria eludieran el correcto pago de los gravámenes, para lo cual su marido contactó con Feliu (del bufete Feliu), quien proporcionó las medidas necesarias para ocultar la cuantía de la riqueza, la titularidad y su origen evitando la correcta tributación entre 2002 y 2007.

De este modo es como, según la Fiscalía, se pudo eludir el pago de 15 cuotas tributarias delictivas por un valor superior a los 32 millones de euros. Para ello, la intervención del abogado se plasmó en la proporción de sociedades en paraísos fiscales, diversos números de identificación fiscal para una misma persona y cuentas corrientes 'puente' que evitaran identificar correctamente al titular de los fondos. Todo ello «para llevar a efecto la conducta deliberada de ocultamiento a las autoridades tributarias del origen, cuantía y titularidad de la riqueza de Martha Hore».

La Fiscalía postula así que Feliu y Christian Hore «diseñaron una actividad compleja, organizada y costosa tendente a eludir el control de las autoridades tributarias españolas y de este modo obtener sustanciosos provechos económicos», relata el Ministerio Público, que recuerda que hasta la intervención judicial los acusados habían ocultado más de 61 millones de euros que tenían invertidos en España.

Todo ello a lo largo de un extenso escrito en el que el Ministerio Público detalla todas las operaciones que llevaron a cabo los acusados entre 2002 y 2006, siendo Martha Hore la única propietaria de la riqueza detectada en España, ocultada tras una serie de sociedades, la mayor parte de ellas en paraísos fiscales.